De acuerdo con esta propuesta, la baja de maternidad subiría a las dieciocho semanas (frente a las dieciséis actuales) y el de paternidad llegaría a un mes (frente a los quince días actuales).
Aunque todos los grupos de Congreso han reconocido que hay que favorecer la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado de los hijos y acabar con la discriminación laboral de las madres, han rechazado la iniciativa por "escasa", "mal redactada" o "discriminatoria", entre otros calificativos.
En defensa de la iniciativa, el diputado del PP Alfonso Alonso ha recordado que en los setenta España era el segundo país con mayor índice de fertilidad de Europa, mientras que ahora la tasa de natalidad española es la más baja de la UE: 1,3 hijos por mujer, muy lejos del mínimo que garantiza el relevo poblacional (2,1).
En el empleo, la tasa de actividad de los hombres es del 70 por ciento, veinte puntos más que la de las mujeres, ha subrayado.
Para Alonso, ambos datos muestran que es necesario impulsar la conciliación de la vida laboral y familiar, mejorar el acceso de las mujeres al mercado laboral e incentivar la natalidad y la corresponsabilidad de ambos progenitores.
Por ello, la proposición del PP plantea al Gobierno que amplíe los permisos de maternidad y paternidad en dos semanas más cada uno, para que la baja de las madres llegue a las dieciocho semanas y la del padre alcance las cuatro.
Eso sí, el requisito previo es que ambos progenitores hayan hecho uso de su respectivo permiso.
Con ello, el PP busca aumentar la "corresponsabilidad efectiva de los hombres", transformar el modelo familiar de España y acabar con la discriminación laboral de las mujeres.
Además, Alonso ha instado al Gobierno a aprobar esta medida para acercarnos "algo más" a los permisos de maternidad de los países de nuestro entorno como Suecia, cuya baja maternal es de 96 semanas, Noruega (52 semanas), Irlanda (62), Italia (47) o Reino Unido (40).
Por otra parte, el Congreso debatirá una moción del PP, que a primera hora de esta tarde ha sido "autoenmendada" y que propone al Gobierno una batería de medidas para ayudar a las familias a superar la crisis económica.
Entre otras acciones, el PP solicita al Ejecutivo que sustituya la tarifa social eléctrica por una "familiar" en la que se tendría en cuenta el número de miembros de la familia a la hora de aplicarla, "tanto para sus bonificaciones como para sus penalizaciones".
El PSOE ha manifestado su rechazo a esta iniciativa al considerar una "falta de respeto" y una "tomadura de pelo" a las reglas parlamentarias y al trabajo de los grupos presentar una enmienda de sustitución total del grupo proponente horas antes del debate.
