El principal imputado por la trama urbanística de la localidad malagueña de Estepona, Antonio Barrientos, declaró ayer ante la jueza que instruye el caso, Isabel Conejo, quien solicitó para el primer edil prisión sin fianza. Tras conocer su sentencia, el alcalde firmó un escrito dirigido al pleno del Consistorio en el que presentaba su dimisión. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega se refirió a este tema durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y advirtió de "castigo sin paliativos" por parte del Ejecutivo ante casos como éste que, señaló, le producen "auténtica repugnancia".

Hasta ahora han sido dieciséis los imputados que han comparecido ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, y, a excepción de tres de ellos, todos están en libertad bajo fianza y con cargos. Esta tónica se rompe ahora después de que la instructora haya decretado prisión sin fianza para Barrientos, a quien acusa de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo. La misma suerte corrió su jefe de gabinete, ya que ambos están acusados de los mismos delitos. Tras conocer la decisión de la magistrada, el primer edil de Estepona firmó un escrito dirigido al pleno en el que presenta su dimisión irrevocable, según fuentes cercanas a Barrientos.

Según explicaron dichas fuentes, la misiva será presentada hoy en el registro del Ayuntamiento de Estepona y en ella solicita que se respete su derecho a la presunción de inocencia. Del mismo modo, el primer edil esteponero tiene previsto dirigir una carta abierta al pueblo de Estepona, que elaborará en los próximos días "con tranquilidad".

Otro importante cargo de la corporación municipal que compareció ayer fue Francisco Zamorano, concejal de Hacienda, para quien la magistrada solicitó libertad bajo fianza de 50.000 euros tras considerarle culpable de delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. Además, decretó una fianza de 300.000 euros para el abogado y militante del PSOE Juan Simón, al que se le imputan los delitos de cohechos, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Ambos tendrán que presentarse en dependencias judiciales cada quince días.

Son numerosos los miembros del partido socialista que han sido llamados como posibles implicados en esta trama urbanística, sin embargo, para varias concejalas de esta formación también imputadas la verdadera realidad en Estepona es que existe una "trama política". "Han cogido a las tres mujeres fuertes del PSOE en estos momentos. Esto es muy significativo", señaló Mariví López, edil de Educación y quien ayer acudía a los juzgados a dar apoyo a sus compañeros.

López dijo que "si hubiera visto o pensara que algo era ilegal o no era transparente habría salido corriendo" de su puesto en el Ayuntamiento, De este modo se mostró confiada en la inocencia de los miembros de su partido implicados a quienes a querido transmitir su "confianza".

Respecto a la situación política, la concejala señaló que "hay que meditarla y posteriormente hacer un análisis para ver que puede pasar con el panorama político de Estepona", esperando que "todo lo que se estaba haciendo, que es mucho, no se vaya al garete".