OTR Press/Efe / Santa Cruz

El Gobierno empieza a dar pasos concretos para la reforma de la legislación sobre extranjería en la línea de la nueva directiva europea sobre retorno que amplia los plazos de retención a la espera de repatriación para los inmigrantes irregulares. Por un lado, el periodo de retención máximo actual de cuarenta días se ampliará a sesenta, porque en ocasiones resulta insuficiente, según reconoció la vicepresidenta De la Vega. Por otro lado, tal y como propone el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se restringirá el derecho a la reagrupación familiar del inmigrante legal únicamente a su cónyuge y a los hijos menores de edad.

Tras celebrar la reunión inaugural de la Comisión Delegada para Política de Inmigración, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que el Grupo Socialista reactivará la Subcomisión sobre la Política de Inmigración del Congreso para que, después de verano, comience a debatir una propuesta de reforma de la Ley de Extranjería hasta "adoptar una decisión que cuente con el máximo consenso social y político posible".

El objetivo es que los diputados comiencen a trabajar en la modificación del texto en septiembre, para que el redactado final pueda ser sometido a votación en el Parlamento "antes de que acabe el año" y la reforma entre en vigor en 2009.

Si sale adelante la propuesta del Ejecutivo, el nuevo texto incluirá una ampliación de cuarenta a sesenta días del plazo máximo de retención en espera de repatriación. En paralelo, el Gobierno introducirá las modificaciones anunciadas por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, para restringir el derecho de reagrupamiento de los extranjeros al núcleo familiar, es decir, el matrimonio y los hijos menores de edad. Según De la Vega, adoptar esta decisión es la vía para "poder seguir asegurando a todos los ciudadanos la protección del Estado".

En una entrevista a Catalunya Ràdio, el propio Corbacho recordó ayer que España ha pasado de los dos millones a los cuatro millones de inmigrantes en cuatro años, por lo que la situación económica "también ha cambiado", y pueden darse desequilibrios que pueden extenderse también al sistema asistencial y sanitario. "Si usted reagrupa a sus padres y a sus suegros, y además ellos, tras un tiempo, tienen también derecho a reagrupar, la población que se incorpora es pasiva y no activa, en un país donde el envejecimiento ya es muy importante", puntualizó.

La reforma de la Ley de Extranjería pasará por incorporar derechos fundamentales de los extranjeros como el de asociación y sindicación, por orden de una sentencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, servirá para efectuar la transposición de algunas directivas europeas, como la conocida como "De larga duración", sobre los inmigrantes con residencia permanente en territorio comunitario.