Iñaki Arietaleaniz Tellería, Haymar Altuna Ijurco y su prima Maite Arnalde Ijurco, que fueron detenidos el 19 de marzo de 2005 en un piso de Cap d'Agde (sur de Francia), fueron condenados a ocho años de prisión el primero y a seis años estos dos últimos, por asociación de malhechores con fines terroristas y otros cargos.

El cuarto acusado, Aitzol Iriondo, juzgado en rebeldía, fue condenado a cuatro años por brindar apoyo logístico al comando, ya que firmó el contrato de alquiler del piso de Cap d'Agde con un DNI falso a nombre de Enrique Albalat que llevaba su fotografía.

Fuentes antiterroristas españolas sospechan que Iriondo, considerado como un destacado miembro del aparato militar de ETA, podría ser el miembro fugitivo del comando que asesinó en diciembre pasado a dos guardias civiles en Capbreton (suroeste francés).

El veredicto fue adoptado tras sólo un cuarto de hora de deliberaciones, que siguieron a una tormentosa sesión de más de dos horas en la que los etarras entonaron el "Eusko Gudariak" cada vez que la juez Anne-Marie Beauguion intentaba retomar la palabra.

La presidenta de la corte ya tuvo que expulsar a algunos de los cerca de 60 allegados de los acusados al principio de la vista, ante los repetidos aplausos y consignas en vasco de los presentes.

Aunque los etarras sentados en el banquillo se negaron a contestar a las preguntas y exigieron un traductor del francés al vasco -se les había proporcionado uno de español-, interrumpieron en varias ocasiones la exposición de Beauguion.

Cuando le llegó el turno de intervenir, Arietaleaniz se proclamó "miembro de ETA y orgulloso de serlo" y rechazó la legitimidad del tribunal para juzgarles.

"En tanto el Estado francés y el español no reconozcan la identidad vasca no habrá solución", señaló, para terminar con un "Gora ETA" puño en alto que fue secundado por los otros dos acusados y el público, que a continuación cantó el "Eusko Gudariak".

La mayor tensión se vivió cuando, tras desalojar el público la sala, los etarras quisieron marcharse y se produjo un forcejeo con los gendarmes en medio de los gritos de los detenidos.

A partir de ese momento, hubo un pulso entre los acusados y la presidenta de la corte, que intentó vanamente proseguir con la lectura del caso en medio de los cantos de los etarras.

La juez declaró un receso, pero cuando se retomó la vista interrumpieron la requisitoria de la fiscal, Catherine Sorita-Minard, por lo que Beauguion ordenó la expulsión de los tres etarras de la sala.

Arietaleaniz, Altuna y Arnalde fueron encontrados culpables de los cargos de asociación de malhechores con fines terroristas, tenencia de arma y municiones y falsificación de documentos.

Arietaleaniz, que también fue hallado culpable de receptación de vehículo robado, recibió una pena más severa, tal como pedía la fiscal por tratarse del enlace que transmitía las órdenes de la dirección del aparato militar a los otros dos activistas y por su ascendencia sobre ellos.