operación astapa

Dictan fianza para 3 de los 25 detenidos y libertad con cargos a dos

Entre los arrestados figuran además  4 ediles del actual equipo de gobierno, varios más de anteriores corporaciones, técnicos, abogados y empresarios.

18.06.2008 | 10:26

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo, ha dictado fianza para tres de los 25 detenidos en la operación "Astapa" contra la corrupción urbanística en la localidad y ha dejado en libertad con cargos a otros dos.

Según han apuntado a EFE fuentes judiciales, la juez ha decretado prisión eludible bajo fianza de 500.000 euros para J.R.G. y de 30.000 euros para J.L.C.A y para A.M.C.L., a los que prohíbe además salir de España.

La instructora del caso ha dictado libertad provisional sin fianza con cargos para M.C.H. y para A.A.F.G., según las mismas fuentes.

La juez imputa a estos cinco encausados los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales y además a J.R.G. otros delitos contra la administración pública.

Estos cinco imputados son los primeros en comparecer ante la juez y está previsto que hoy, a primera hora de la mañana, continúen las declaraciones.

Un total de 25 personas, incluido el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), fueron detenidas ayer en el marco de una operación policial contra la corrupción urbanística en esta localidad.

Entre los arrestados figuran además cuatro ediles del actual equipo de gobierno, varios más de anteriores corporaciones, técnicos, abogados y empresarios, a los que se vincula con la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales.

Entre otros fueron detenidos el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Zamorano (PSOE); el jefe de gabinete de la Alcaldía, José Flores; el ingeniero de Urbanismo Javier Wittmeur; y el arquitecto municipal Arturo Cebrián, a quien unas escuchas telefónicas ya vincularon el pasado mes de febrero con un caso de blanqueo de capitales.

Las detenciones, que además de en Estepona se efectuaron en Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián fueron seguidas por 38 registros domiciliarios y societarios y numerosas órdenes de prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y de bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros.

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