Así lo ha manifestado en el juicio que hoy ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Madrid en el que las acusaciones populares en la causa han mantenido su petición inicial de 6 años de cárcel y 6 de inhabilitación especial para los cuatro acusados por un presunto delito de falsedad documental.
El turno de última palabra ha sido utilizado por tres de los cuatro acusados que han insistido en su inocencia y el comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, ha dicho haberse sentido "injuriado y ofendido" por varias de las manifestaciones de las acusaciones, así como por lo publicado en algunos medios de comunicación.
Por su parte, el secretario general de la Comisaría General de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida, ha asegurado que ha sido "triste y doloroso" estar sentado en un banquillo pero que lo peor ha sido que las víctimas hayan sido las "promotoras" de las acusaciones.
En su informe final, el fiscal ha señalado que el documento que elaboraron los tres peritos, en el que vincularon a ETA con el 11-M a partir del hallazgo de ácido bórico en el domicilio de uno de los condenados por los atentados, "no vio la luz" porque era un "borrador" que fue supervisado por sus superiores.
En esa "propuesta" de los peritos se incluía el hallazgo de la mencionada sustancia en un piso franco de ETA en Salamanca en 2001 y en la vivienda de un joven "antisistema" en Madrid en 1999.
"Ese informe no llegó a existir y por tanto no pudo ser alterado en ningún momento", ha sostenido el fiscal, que ha estimado que parece que el perito Manuel Escribano "recibe una especie de revelación divina" que le hace añadir esas referencias.
Sin embargo, a juicio de las acusaciones populares -la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias- la intención de los cuatro mandos era "eliminar la palabra ETA" del informe porque en la investigación del 11-M es "políticamente incorrecta".
Las acciones populares han retirado la acusación de falso testimonio que recaía sobre todos, aunque no han modificado su petición alternativa de 3 años de cárcel y 12 de inhabilitación especial para Santano, a quien imputaban un delito de encubrimiento.
El letrado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, José María de Pablo, ha asegurado que en este caso "no estamos ante una corrección sino ante una falsificación" del jefe del laboratorio, el acusado Francisco Ramírez, ya que cuando los peritos se negaron a quitar las alusiones a ETA, él las modificó y falseó la cadena de custodia para ocultar que las había hecho desaparecer.
Por su parte, el abogado de la AVT, Juan Carlos Rodríguez Segura ha calificado de "esquizofrenia pericial" la actuación de los acusados porque, a su juicio, han condicionado con sus actuaciones el sistema de actuación normal del laboratorio, y ha agregado que su asociación "jamás entenderá" porque, "por órdenes y acciones políticas encubiertas", la cúpula policial intentó cercenar la investigación del 11-M.
El abogado defensor de los cuatro mandos policiales, José Antonio Choclán, que ha calificado de "insubordinados" a los peritos, ha sostenido que el dictámen de Ramírez es un "documento nuevo" y, por tanto, no hay falsedad, y ha recordado que las observaciones de Escribano deberían haber sido estrictamente científicas y no subjetivas.
