Los veinte ciudadanos rusos detenidos ayer, acusados de dirigir la banda rusa Tambovskaya-Malyshevskaya, ordenaban asesinatos y organizaban el tráfico de drogas, armas e influencias desde sus lujosas residencias en la Costa del Sol y otros puntos de la geografía española. La Fiscalía considera la trama desarticulada como la de "superior relevancia en el plano cualitativo y cuantitativo a nivel mundial", mientras que el Ministerio del Interior dice que es "uno de los grupos criminales rusos más importantes del mundo".

Esos delitos eran cometidos en el extranjero, pero los mafiosos utilizaban España para blanquear capitales. Además, la red se dedicaba a la extorsión, el cohecho, las negociaciones ilegales, el contrabando de cobalto y de tabaco y las palizas por encargo, entre otros.

Los mafiosos utilizaban asesores jurídico-financieros y economistas españoles, según la Fiscalía, para canalizar en España el dinero obtenido de su actividad delictiva en el extranjero. La tarea de esos asesores era "legitimar" los capitales procedentes del crimen, "blanquearlos" e integrarlos en el sistema financiero regular mediante ampliaciones de capital y prestamos intersocietarios, tránsitos dinerarios a paraísos fiscales e inversiones en otros países, como Alemania.

Estas actividades en España son delictivas ya que suponen subvertir la legislación societaria y mercantil, según el ministerio fiscal, eludiendo el pago de impuestos, lo que tiene consecuencias penales. La banda simulaba contratos y falsificaba documentos de tal forma que ocultaba la identidad de los titulares de los fondos.

La investigación comenzó en el año 2006 centrándose en cuatro de los principales detenidos ayer, repartidos entre avtoriety (máximas autoridades criminales) y los vor v zakone (ladrones en ley). Los cuatro dirigían la organización a través del control de mandos intermedios y subordinados repartidos en distintos grupos por su país de origen.

A partir de las investigaciones iniciales se fue ampliando el círculo tirando del hilo de las "importantes estructuras financieras descubiertas", explica la Fiscalía. Los investigadores descubrieron que los delitos de la banda se cometían en Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos, mientras que los paraísos fiscales de la banda se localizaban en Chipre y Letonia.

Uno de los detenidos, Vitali Idrilov, ya había sido detenido en España, en el marco de la primera gran operación contra las mafias rusas residentes en el país, bautizada como "Avispa" por la Guardia Civil. Otro de los arrestados es Gennadios Petrov.

Actualmente estaba en libertad condicional a la espera de juicio en la Audiencia Nacional. Idrilov había reorganizado hace un año su entramado financiero y sus contactos para seguir llevando una lujosa vida a pesar de tener intervenidos todos sus bienes.

La banda es originaria una localidad próxima a San Petersburgo, de la cual toma su nombre, y los detenidos proceden de Moscú y de la citada segunda ciudad más importante de la Federación Rusa. Allí y en otros países de la Unión Europea y Suiza tienen antecedentes. Algunos se conocen y comparten actividades delictivas desde sus primeros años de juventud.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y tres fiscales anticorrupción han coordinado todas las actuaciones, efectuadas por la UDYCO central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, el Servicio de Información Exterior de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. Los agentes españoles han contado con la colaboración del FBI, la Policía Cantonal de Ginebra (Suiza), la BKA de Alemania y las autoridades rusas.

En total han intervenido 160 agentes de Policía, 30 de la Guardia Civil y cinco de Vigilancia Aduanera en Baleares. Los detenidos están acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y falsedad en documento público, oficial y mercantil.

Se han practicado 28 registros en Málaga (Marbella, Nerja, Málaga y Torros), Mallorca (Palma de Mallorca, Alicante (Javea y El Campello, Valencia y Madrid. Esos registros han afectado tanto a viviendas como a bufetes de abogados y sedes de supuestas empresas "fantasma".