El presidente de la sección decimoquinta de la Audiencia, Alberto Jorge Barreiro, ha calificado de "contradictorias" la sentencia del caso Atutxa, que permite que la actuación de la acción popular cuando no existe perjudicado concreto, y la "doctrina Botín" del Tribunal Supremo, que limita el papel de las acusaciones populares en los procedimientos abreviados.
"Un estudio conjunto -de ambas sentencias- impide que haya doctrina unitaria", ha añadido.
El presidente de la sala ha decidido además expulsar del proceso a la Abogacía del Estado, que había pedido el archivo de la causa y no ejercía ni acusación ni defensa alguna, aunque la decisión puede ser recurrida.
El juez ha explicado que no existe figura procesal prevista en la ley a la que se le permita "esa especie de parte indeterminada, plural y que pueda disparar a cualquier sitio", y ha añadido que esto generaría "indefensión" al resto de las partes.
Respecto a la decisión del tribunal de continuar con el procedimiento, el juez ha asegurado que en este caso, al tratarse de delitos de falsedad y contra la administración de Justicia, existe un "bien jurídico colectivo", al margen del perjuicio personal a particulares que pueda darse.
El tribunal ha desestimado así la petición de sobreseimiento de la causa formulada por el Ministerio Público y la Abogacía del Estado, y ha optado por admitir la acusación popular, que ejercen la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y el sindicato Manos Limpias, para que el juicio se celebre.
En este juicio las acusaciones populares han sentado en el banquillo a cuatro mandos policiales, a los que acusan de manipular un informe elaborado por tres peritos que relacionaba ETA con el 11-M a partir del hallazgo de ácido bórico en el domicilio de uno de los condenados por los atentados.
