La conversación entre Casas y la citada abogada, que decía sufrir malos tratos y que su hija padecía abusos sexuales, se produjo en abril de 2007 a instancias de una conocida de ambas, que pidió a la presidenta del Constitucional que estudiara el caso.
Durante la charla, la letrada comentó que su ex marido había muerto "en circunstancias un tanto extrañas", ante lo que Casas reacciona asegurando que no puede ayudarla y facilitándole los teléfonos de dos abogados y se despide diciendo: "si alguna vez va en amparo (al Constitucional), pues me vuelve a llamar".
La conversación fue grabada por la Policía a instancias de una juez de Valdemoro (Madrid) que investigaba el asesinato y remitida al Tribunal Supremo por si de la actuación de Casas se podía derivar alguna responsabilidad penal.
El pasado jueves, el Supremo archivó el procedimiento, al estimar que la presidenta del Constitucional no asesoró de ningún modo a su interlocutora.
En un auto, el Alto Tribunal estimó que los comentarios de Casas en esa conversación "no colman la acción típica" prevista en el artículo 441 del Código Penal, que considera delito la "actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental" realizada por una autoridad o funcionario público "en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo".
