En un auto hecho público hoy, el magistrado acuerda no admitir a trámite la querella porque considera que los hechos denunciados no son constitutivos de delito y estima que Manos Limpias, que el pasado lunes presentó su denuncia como acusación popular, debería haber fundamentado "seria y razonablemente" la existencia de unos hechos que pudieran dar lugar a una responsabilidad criminal.

Además de la vicepresidenta del Gobierno, el sindicato dirige su querella contra el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz, los responsables de la fragata "Méndez Núñez" y el avión P-3 Orión y los agentes de los servicios de información que participaron en el rescate.

Para argumentar su decisión, Andreu, que ya había abierto de oficio diligencias para investigar el secuestro del atunero español, considera "suficiente" la circunstancia de que la sala de lo penal del Tribunal Supremo es la que tiene la competencia "para la instrucción y enjuiciamiento" de las causas contra miembros del Gobierno.

La querella, presentada por el abogado José Luis Abascal Escudero, denunciaba que el pesquero "Playa de Bakio" fue asaltado en aguas de Somalia el pasado 20 de abril y su tripulación compuesta por 26 marineros -trece de ellos españoles-, permaneció secuestrada hasta que siete días después fueron puestos en libertad.

Esta liberación, según Manos Limpias, se produjo tras el pago de un rescate de 1.200.000 dólares, tras lo que los secuestradores huyeron con el botín "sin ser perseguidos por nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, concretamente la fragata Méndez Núñez y el avión P-3 Orión, de acuerdo con las órdenes recibidas por el Gobierno de España"

Para el sindicato, esto supone la "no intervención de los responsables del rescate para perseguir el delito y a sus delincuentes", mientras que el juez sostiene que en este caso "tan solo se especula sobre cuál debía haber sido la conducta de los querellados, sin presentar indicio alguno sobre la existencia de un ilícito penal".

Este Sindicato de Funcionarios, a pesar de su nombre, no cuenta con representación en ningún centro de trabajo y su máximo responsable es el ex dirigente del partido de extrema derecha Fuerza Nueva Miguel Bernard.