Así lo ha indicado en su turno de última palabra durante el juicio por un delito de injurias cometido presuntamente por Losantos contra el regidor madrileño, que hoy ha quedado visto para sentencia.

Los hechos se remontan a 2006, dos años después del 11-M, cuando el locutor dijo en varios de sus programas radiofónicos que a Gallardon le daban igual "los muertos" de los atentados de Madrid "con tal de llegar al poder" y le dedicó expresiones como farsante redomado, alcaldín o estorbo, entre otras.

Unos descalificativos que utilizó para comentar unas declaraciones de Gallardón en un foro del diario ABC, en las que el alcalde aconsejaba al PP huir de los radicalismos y no insistir "en miradas atrás".

Losantos ha denunciado la existencia de una manipulación política detrás de la querella presentada por Ruiz-Gallardón, que, a su juicio, la ha utilizado "para demostrarle a todo el mundo que aquí el único dueño de la derecha es él".

"Debo decir que, por desgracia, está a punto de conseguirlo, y esto le ha ayudado", ha añadido Losantos, que ha vuelto a calificar a Gallardón como "verso suelto" y "disidente permitido" del PP.

El locutor, que ha cuestionado la actuación del juez instructor del 11-M y de la Fiscalía, sostiene que ha dicho la verdad "de cabo a rabo" porque esa era "la verdad de lo que pretendía Gallardón: cambiar la línea política de su partido en lo que respecta al 11-M porque afectaba a la legitimidad del PSOE".

Para demostrar la veracidad de sus expresiones se ha apoyado en las críticas que recibió Gallardón de las víctimas y de sectores del PP y el aplauso que provocó en el PSOE y sus grupos afines.

Durante la sesión de hoy, que ha durado casi siete horas, el fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones y ha mantenido la petición de una pena de multa de 72.000 euros para Losantos por un delito de injurias graves con publicidad, después de que se hayan reproducido en la vista los fragmentos radiofónicos en los que el locutor descalificaba al alcalde.

La acusación particular, ejercida por el abogado Luís Rodríguez Ramos en nombre de Gallardón, ha pedido una pena de multa de 168.000 euros por el delito de injurias continuadas y ha propuesto a la juez que el Estado decomise una parte proporcional de los ingresos por publicidad o por índices de audiencia que generaron los programas en los que Losantos injurió al alcalde.

La defensa, que ha solicitado la absolución de su cliente, ha considerado que esa propuesta es un "ejercicio de soberbia" y ha argumentado que todo lo que dijo el locutor entra dentro de los límites de los derechos a la libertad de expresión y opinión de los periodistas en su ejercicio de crítica política.

No obstante, tanto el fiscal como la acusación particular han defendido que la libertad de expresión tiene su límite cuando colisiona con otros derechos fundamentales, como en este caso el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, y han considerado que Losantos vertió esas expresiones con el ánimo de injuriar cuando eran "innecesarias" para ejercer la crítica.