El PSOE e IU reclamaron hoy la "retirada inmediata" del convenio existente entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Iglesia católica en el que se contempla que los sacerdotes tendrán un lugar en los Comités de Ética de las instituciones sanitarias, en los que se deciden, por ejemplo, los cuidados paliativos en enfermos terminales en la región.

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, avanzó que los socialistas van a pedir la comparecencia de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en sede Parlamentaria para que dé explicaciones acerca de este convenio del que informó hoy la cadena SER. Al tiempo, Gómez anunció la apertura de un "frente social, institucional y político" para que se derogue el acuerdo.

El Gobierno regional "intenta llevar a la Sanidad pública madrileña un modelo moral que no es compatible con el modelo constitucional y que no es compatible con una España moderna", indicó Gómez, quien añadió que ese modelo "más bien parece traído del modelo de sociedad preconstitucional" que del actual.

Así, apuntó que los socialistas "se oponen" a la participación de la Iglesia en los Comités éticos y en las decisiones sobre la oportunidad de que un paciente en estado terminal reciba cuidados paliativos o no.

Gómez aseguró que "no es la primera vez que la Consejería actúa de esta manera" y mencionó el caso del "acoso y derribo" a los profesionales del Severo Ochoa por el caso de las sedaciones irregulares en el Servicio de Urgencias del centro.

Por último, indicó que la practica médica "debe regularse con un código deontológico y ético de los profesionales médicos, que es como corresponde".

Mientras, la portavoz del Grupo Parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, reclamó la retirada de cualquier acuerdo suscrito entre la Consejería de Sanidad y la Iglesia Católica que permita que esta institución intervenga en los Comités de Ética y los Comités Interdisciplinares de Cuidados paliativos de los hospitales públicos.

Asimismo, Sabanés reclamó "explicaciones urgentes" al Gobierno regional y avanzó que IU exigirá que se tomen medidas que impidan que la Iglesia Católica interfiera en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y en la organización de los servicios públicos.

Por su parte, la Asociación 'Defensor del Paciente' afirmó hoy en un comunicado que la "gravedad" de la decisión les haría acudir al Tribunal de los Derechos Humanos, ya que "se estaría incurriendo en una ilegalidad y una decisión propia de un país bananero".

"La Sanidad no tiene ni color político, ni religioso. Los pacientes deciden sobre como vivir y como morir", indicó la Asociación, que afirmó que "no va permitir" que el ex coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés en el momento de las supuestas sedaciones irregulares, Luis Montes, ni el clero, ni la Comunidad de Madrid tome este tipo de decisiones.

Así, indicó que acudirán "a donde sea necesario para evitarlo" y señaló que espera que "ese acuerdo dantesco irregular y digno de la más férrea dictadura" quede sin efecto.