El Tribunal Constitucional (TC) concedió ayer el amparo al etarra Alberto Viedma Morillas, condenado a 60 años de cárcel por los asesinatos del subteniente del Ejército Francisco Casanova y del concejal de UPN Tomás Caballero, y ha ordenado al titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle, que reabra la investigación que archivó en 2004 para determinar si éste sufrió torturas durante su detención, que se produjo dos años antes en Pamplona (Navarra).
En una sentencia hecha pública ayer, la Sala Primera del Constitucional entiende que la denuncia por torturas que el etarra presentó tras ser detenido el 28 de febrero de 2002 "no fue investigada por el Juzgado de una forma eficaz", ya que "aunque se emprendió con prontitud una investigación judicial para tratar de esclarecer los hechos, lo cierto es que ésta se cerró cuando persistían aún sospechas de que el delito se había cometido y medios aún disponibles para despejarlas".
La resolución judicial, que cuenta con el voto particular discrepante del magistrado Jorge Rodríguez Zapata, alude a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para recordar que, si existe una sospecha "razonable" de tortura "deben tomarse en consideración las circunstancias de cada caso".
