Las acusaciones denuncian que "ignora" al TS

El fiscal insiste en pedir el archivo de la causa sobre la muerte de Couso

21.04.2008 | 19:01

El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso rechazó hoy por segunda vez ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal la decisión del juez Santiago Pedraz de procesar a tres militares estadounidenses, presuntamente implicados en la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Bagdad (Irak) el 8 de abril de 2003.

Durante la vista de apelación el abogado de la familia, Enrique Santiago, alegó que "hay motivos sufiencientes para llevar a cabo la investigación" y acusó al Ministerio Público de "ignorar la jurisdicción del Tribunal Supremo", que ordenó la reapertura de la causa en diciembre de 2006.

La celebración de esta vista tuvo lugar a puerta cerrada y comenzó minutos antes de las 10 horas extendiéndose aproximadamente una hora. En ella se discutió el recurso presentado por la propia Fiscalía contra el auto de procesamiento del juez de Instrucción, Santiago Pedraz. En sus alegaciones el representante del Ministerio Público insistió en que "no hubo intencionalidad por parte de los militares para acabar con la vida de Couso", informaron fuentes fiscales.

Además, aunque admitió que la Audiencia Nacional "es competente para investigar los crímenes de guerra, en este caso, los hechos carecen del dolo necesario que recoge el convenio de Ginebra como requisito para llevar a cabo la investigación". "No es un crimen de guerra ni un asesinato", insitió el fiscal, por lo que solicitó el archivo definitivo de la causa.

En contra se mostraron los abogados que ejercen la acusación. En primer lugar habló el*representante*de los hermanos del cámara fallecido, Enrique Santiago, quien explicó que "los argumentos del fiscal carecen de ningún fundamento ya que ha quedado acreditado", que el proyectil que impactó en el hotel en el que se hospedaba el cámara y que acabó con su vida respondió "a un ataque indiscriminado con absoluto conocimiento de que se trataba de una hotel de periodistas protegido internacionalmente".

En ese sentido, acusó a la Fiscalía de "rehuir" la sentencia del Tribunal Supremo que ordenó por unanimidad en diciembre de 2006 la reapertura de la investigación para esclarecer el asesinato del cámara. "Ha intentado anticiparse a la celebración del juicio oral y ha demostrado una ignorancia con respecto a la sentencia del alto tribunal", añadió Santiago.

En la misma línea se manifestaron el resto de letrados que se limitaron a adherirse a los argumentos del primero. El resto de la acusación está representada por el abogado de la viuda de Couso, Leopoldo Torres, la Asociación Libre de Abogados (ALA), la Asociación de Cámaras de Televisión (ACTV) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Esta última hoy no se presentó a la vista.

Por su parte, el hermano del cámara fallecido, Javier Couso, en declaraciones a los medios, se mostró "optimista" tras conocer el desarrollo de la vista y denunció que la postura de la Fiscalía "no responde a criterios jurídicos sino a motivo espurios".

AUSENCIA DE GARCÍA NICOLÁS.

Esta vista de apelación se ha dilatado en el tiempo a consecuencia de la presentación, por parte de la familia del cámara, de una petición de recusación del presidente del tribunal encargado de estudiar la apelación, el juez Fernando García Nicolás.

Los familiares de Couso solicitaron el pasado mes de diciembre que el magistrado se abstuviera en este caso o en su defecto fuera retirado de la terna de jueces encargados de analizar la apelación contra la decisión de Pedraz, al considerar que García Nicolás no podía ser objetivamente imparcial dado que intervino en la decisión de archivar la causa tomada por la Audiencia Nacional en marzo de 2006.

No obstante, la Sala de lo Penal decidió finalmente mantener a García Nicolás en el tribunal encargado de analizar la apelación. Sin embargo hoy este magistrado no estuvo en la sala por lo que no podrá decidir sobre este asunto finalmente. La razón es que fue convocado para una Sala de Gobierno de los jueces de la Audiencia Nacional de la que no pudo ausentarse al ser presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, informaron fuentes jurídicas. De este modo, el tribunal estuvo formado Ángel Hurtado, en calidad de presidente, Fermín Echarri, y Ricardo de Prada.

Se trata de la segunda vez que el Ministerio Público solicita el archivo de esta causa y rechaza la decisión del juez Pedraz de investigar a los tres militares al considerar que los hechos no fueron constitutivos de delito y que los soldados llevaron a cabo "un acto de guerra" con fatales consecuencias.

En el auto de procesamiento, el juez señaló que esta acción podía ser constitutiva de un delito de asesinato con alevosía y otro contra la comunidad internacional, que puede ser castigado, este último, con una pena de prisión de entre 10 y 15 años.

Por su parte, la Fiscalía solicitó que quedaran sin efecto las tres órdenes de busca y captura y detención internacional que el juez dictó contra ellos, así como la fianza de un millón de euros que fijó en el auto de procesamiento para cuando los tres militares pasaran a disposición de esta causa.

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