22 de junio de 2016
22.06.2016

Cruce de denuncias del PP y del PSOE contra el alcalde de Ribadavia y Ana Pastor

La ministra firma hoy un convenio sobre la estación intermodal de Ourense

21.06.2016 | 22:40

El Partido Popular de Ourense ha presentado dos denuncias ayer por la mañana ante la Junta Electoral de Zona de Ribadavia contra el alcalde de la referida localidad y portavoz del grupo socialista en la Diputación, Ignacio Gómez, y contra el concejal de Hacienda, Javier Iglesias, por vulnerar la ley electoral al presentar, una vez convocadas las elecciones, proyectos de mejora en el parque empresarial y hacer balance de la gestión municipal ante los vecinos de Francelos en una reunión convocada por el propio regidor a través de un bando.

Las denuncias del PP se basan en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General, que establece que desde la convocatoria de las elecciones, en este caso el pasado 3 de mayo, y hasta la celebración de las mismas, "queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o logros obtenidos".

Por su parte, el PSOE presentó otra denuncia por la tarde ante la junta electoral de zona de Ourense, tras conocer el anuncio de la firma del Protocolo de Colaboración entre el Ayuntamiento de Ourense y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para el Desarrollo de la Permeabilidad de la Ciudad, en la Casa Consistorial, a las cinco de la tarde, un acto en el que está previsto que participe la ministra de Fomento, Ana Pastor.

El PSOE destaca en el escrito que ha presentado ante la junta electoral de zona que la ministra de Fomento "es la candidata número uno al Congreso de los Diputados por una de las circunscripciones gallegas (en concreto la de Pontevedra) por el Partido Popular, formación política a la que también pertenece el alcalde de Ourense y el actual gobierno municipal de la ciudad".

El PSOE recurre a un acuerdo de la junta electoral, para justificar la denuncia, en el que consta: "No cabe que durante el período electoral los representantes de las administraciones públicas realicen actos de gestión de las obras o servicios públicos que puedan tener contenido electoralista".

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