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De nuevo en juego la polémica Lomce

Los partidos, a excepción del PP, proponen derogar la ley educativa estrenada hace poco tiempo

Alumnos de A Guía en una clase reciente con contenidos científicos. // Marta G. Brea

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), una propuesta puesta en práctica por el anterior ministro, José Ignacio Wert, y que en teoría tardará tres años en acabar de implantarse (la aplicación es progresiva), no tuvo un desembarco fácil en el país. Hubo críticas por la falta de consenso, tratándose de un nuevo cambio de ley en la historia de España. Refuerza las troncales, incorpora asignaturas complementarias, aumenta la autonomía de los centros, establece itinerarios para encaminar con más margen al alumnado que desea estudiar un ciclo de FP o ir a la Universidad y deja fijadas las pruebas de fin de etapa, consideradas por parte del sistema educativo como una especie de "reválida", al terminar cada etapa para poder pasar a la siguiente, además de los controles de diagnóstico, con un formato tipo PISA, en cursos puntuales para realizar un seguimiento del alumnado.

El Partido Popular apuesta por seguir adelante con la ley, uno de sus logros de esta legislatura, de hecho en el programa electoral toca "la autonomía de los centros, acompañada de sistemas de evaluación y gestión eficiente de los recursos para incrementar la calidad del sistema", o la "mejora de las pruebas de detección precoz de dificultades de aprendizaje", por poner algún ejemplo. Considera que esta normativa permitirá mejorar el resultado del alumnado. En este punto, a excepción del PP, los demás partidos han dejado claro que si tienen opciones de gobernar derogarán la norma: al considerar que no reúne el consenso necesario y que no es una normativa flexible para la introducción de una enseñanza reflexiva y crítica. De hecho, tanto PSOE, como Podemos, Unidad Popular y Ciudadanos apuestan por blindar al sistema educativo de los vaivenes al que se somete por los cambios continuos de legislación (con poco tiempo para que las normativas tengan sus efectos sobre el sistema) y para ello solicitan un Pacto de Estado para mantener la Educación al margen. A esta opción de llegar a un acuerdo se ha unido también el Partido Popular.

Un acuerdo altamente difícil

Para Antonio Pardo Cuñarro, profesor gallego recientemente jubilado y que dedicó toda una vida a la docencia, que todos los partidos lleguen a un acuerdo es "altamente difícil". Según sus palabras, no es la primera vez que eso se plantea como objetivo, de todos modos, indica que la Lomce todavía no ha terminado de implantarse, y este sería otro handicap: "los cambios en los sistemas de evaluación no se hacen así de repente, de un día para otro", expresa el docente, en referencia a las modificaciones que conlleva la normativa estrenada hace poco y también respecto al MIR educativo, un nuevo sistema de acceso a la función docente, del que todas las formaciones hablan, para dar prestigio a la profesión y conseguir convertirlo en un trabajo muy vocacional, con un ingreso similar al que tienen países del norte de Europa.

Precisamente otra de las propuestas que, al final de legislatura, avanzó el Partido Popular de cara a los próximos cuatro años ha sido el Libro Blanco de la función docente, elaborado por el filósofo y catedrático José Antonio Marina, para el equipo de trabajo del actual ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. Es como un plan a cinco años para mejorar el sistema educativo, centrándose en la formación y el reciclaje del profesorado y con la opción de evaluar el rol de cada profesor en clase. Para Julio Díaz, de Anpe, un cambio en el sistema de acceso a la función docente estaría bien "si se mantienen las referencias laborales de los profesores, es decir, que no sea un método para no estabilizar docentes mientras ponen en práctica lo aprendido". También indica Julio Díaz, respecto a un pacto por la Educación, que hubo un momento "en que estuvo cerca de conseguirse, con el exministro Gabilondo, pero al final no salió". "Siempre defendimos que no se puede hacer política con la Educación ni con la Sanidad, que estas materias tienen que estar al margen de las decisiones políticas. Pero también es cierto que antes de derogar una ley, que en este caso, la Lomce, se aplicará hasta 2018, habría que buscar un consenso previo entre los partidos, ese consenso del que hablan, para fijar qué habría que cambiar antes de derogar la ley, y una vez derogada ya exista una hoja de ruta. Lo digo en el sentido de que derogar una ley no es tan fácil", añade Díaz.

Para Lois Ferradás, exdecano de la Facultad de Pedagogía de la USC, la Lomce fue una ley "inoportuna", aprobada sin un consenso inicial. Para Ferradás, el planteamiento de las leyes educativas de Educación en este país no es positivo. "La Lomce, por ejemplo, es muy regulamentista. Establece muchas ideas en la ley orgánica, y eso agrava el problema porque provoca que el sistema sea menos flexible. Lo normal es poner aspectos generales en la ley y después desarrollar con decretos las medidas puntuales, y no se ha hecho así. Yo apostaría por una ley marco, eso sí, ha de ser revisable cada cinco o diez años, porque sí es cierto que la educación avanza y hay cosas que hay que ir cambiando, evidentemente", argumenta el experto en Ciencias de la Educación. De todos modos, este profesor considera que es "más importante la política educativa que la ley en sí misma".

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