La victoria del Partido Popular en las generales de hace cuatro años pintó otra vez con el mismo color político el Ejecutivo central y la Xunta. A priori, una garantía para el entendimiento que faltó entre los equipos liderados por José Luis Rodríguez Zapatero y Alberto Núñez Feijóo, especialmente en la recta final de la hasta ahora última legislatura con los socialistas en Moncloa. De uno y otro lado se dedicaron auténticas lindezas con la excusa de la reforma financiera y la delicadísima situación en la que quedaba la fallida fusión de las dos cajas gallegas. Por no tener, el presidente de la Xunta no tuvo apoyo para forzar el matrimonio ni por parte de sus compañeros de filas, que veían con mejores ojos cualquier otra alternativa. El mismísimo Mariano Rajoy aireaba públicamente sus temores. "Tendrán que cerrar un porrón de sucursales y poner en la calle a muchísima gente", aseguró pocos meses antes de iniciarse la operación. Luego él y Zapatero acordaron acelerar la integración en la cumbre que organizaron en mayo de 2010 para mostrar una imagen de unión entre las dos principales fuerzas del país respecto al futuro de la banca. Tanto rodeo que no extraña que también de la mano de la vieja Novagalicia viniera uno de los momentos más críticos entre los gobiernos regional y estatal, ya con Rajoy en el timón.
Fu el jueves 29 de noviembre de 2012. La actualidad informativa en Galicia se movía entre las condiciones que Bruselas puso a cambio de los 5.425 millones de su rescate al banco gallego nacionalizado; y el debate de investidura de Feijóo para su segundo mandato. Las autoridades comunitarias marcaban un máximo de cinco años para la venta de NCG e "integrarla en otra entidad". Pero los planes de su dueño, el FROB, y el Banco de España, pasaban por acortar los tiempos. Ambos organismos organizaron ese día un encuentro técnico para detallar la hoja de ruta a seguir con las entidades bajo tutela pública. La gallega iba a salir a subasta casi de forma inmediata. En 2013.
El revuelo pilló a Feijóo en plena intervención en el Parlamento. "Veremos si los gestores están a la altura, pero, como presidente de la Xunta, hice todo lo que estaba en mi mano para que hubiese una entidad domiciliada en Galicia solvente. Todo lo que pude", insistía en la sesión de la mañana.
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El Banco de España se apuró horas después a intentar matizar lo que sus dirigentes anunciaron en el encuentro informativo. No desmintieron que la intención fuera ésa, "lo más pronto posible", aunque "sin plazos". "Alguna gente tiene mucho interés en que Novagalicia no se capitalice", criticaba Feijóo en el turno de la tarde en San Caetano. La polémica deslució la antesala a su nombramiento como jefe del Ejecutivo autonómico.
El alivio con el que la Xunta respiró después de que Banesco triunfara en la puja por NCG y se espantaran los miedos de una dilución del banco en medio de un gran grupo financiero español contrastaron con la escueta reacción del ministro de Economía. "Positiva", se ciñó a declarar Luis de Guindos, muy serio, una vez conocido el resultado de la venta.
La legislación vinculada a la primera reforma financiera, la impulsada por el PSOE, protagonizó buena parte del acalorado enfrentamiento competencial de la anterior legislatura entre Ejecutivo central y autonómico. Con el relevo en Moncloa, las protestas mutuas por las nuevas normas que salieron de uno y otro lado bajaron la intensidad. Pero no demasiado.
El Estado abrió una docena de conflictos en los últimos cuatro años por leyes de la Xunta. La de defensa de los consumidores, el deporte, la del Área Metropolitana de Vigo, la de montes, vivienda, carreteras, emprendedores, la de racionalización del sector público autonómico y la de archivos y documentación, además de varios preceptos de los presupuestos regionales de 2013 y 2014, entre otras cosas por el discutido método de valoración de la Xunta en los bienes que se declaran en el pago de sus impuestos. De hecho, una de las controversias, la relativa a cómo tasar las participaciones en empresas, acaba de quedar suspendida por el Constitucional a petición del Gobierno central, que también llevó al alto tribunal la ley de infraestructuras de telecomunicaciones de Galicia.
En San Caetano exigieron otras siete comisiones bilaterales con el Gobierno central, según la información disponible -hasta 2014- en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. De entre todas las materias destaca la energía. La Xunta llegó a recurrir en el Constitucional la moratoria para las fuentes renovables -que fue la primera ley que entró en vigor con Rajoy- y se abrieron otros dos conflictos de competencias con el real decreto que rebajó las primas y la nueva ley del sector eléctrico.
Tanto Núñez Feijóo como el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, no disimularon los reproches al ministerio dirigido por José Manuel Soria por el terremoto que su reforma provocó para la eólica y la biomasa en la comunidad. Las tiranteces, sin embargo, pasaron a un discreto segundo plano cuando en esas reuniones bilaterales la Xunta consiguió mejorar las condiciones en las que quedaba Sogama. 18 millones de euros más al año por la producción de electricidad.
Los últimos presupuestos de la legislatura para un próximo año, también electoral en Galicia, reservan a la comunidad 1.363,95 millones, el 12,3% del total de la inversión regionalizable del Estado y un 1,6% menos de lo contemplado para el actual 2015. La inmensa mayoría viene de proyectos del Ministerio de Fomento, que suma 1.239 millones; y más concretamente de la alta velocidad, con 773 millones para su entrada en la autonomía. El tren aguantó con fuerza la partida destinada a Galicia en las cuentas del Gobierno durante la crisis. En 2012, las primeras cuentas de Rajoy, fueron 1.700 millones. "En el peor momento económico de la democracia, Galicia recibe el mayor porcentaje de inversiones de su historia", alabó en aquel momento Núñez Feijóo.
El tono con el que se valoraron los sucesivos presupuestos no tiene nada que ver con lo vivido en casi todo lo demás que dependía del Ministerio de Hacienda, donde Feijóo colocó a Marta Fernández Currás, su exconselleira de Facenda. "¿Y a mí qué me importa?", soltó, literalmente, el presidente cuando en el Parlamento le preguntaron por el informe de expertos encargado por Hacienda para la reforma fiscal y que abogaba por suprimir impuestos regionales. "Este Gobierno es más exigente con el Gobierno de Madrid de lo que fue el BNG con el de Zapatero", recriminó al nacionalista Francisco Jorquera en la discusión.
Lo de más o menos exigente parece difícil de medir, pero lo cierto es que sí fue contundente a las puertas de casi todos los Consejos de Política Fiscal y Financiera transcendentales de la legislatura. La Xunta afeó al Gobierno la aprobación de déficits a la carta de 2013 y la condonación de los intereses a las comunidades que recurrieron al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La Consellería de Facenda llegó a sacar un comunicado oficial en el que negaba que en su caso acudir al mercado para endeudarse supusiera un sobrecoste de casi 31 millones al año, como dijo Hacienda. Feijóo lo repitió sin cesar: "Implica la intervención del Gobierno". La postura le permitió consolidarse como líder de una región cumplidora e incluso ser la cabeza más visible de los barones populares más rebeldes hacia la política fiscal del Ejecutivo de Rajoy.
