Galicia lleva años perdiendo población y sin embargo, el censo electoral de los que teóricamente podrían ejercer el voto es el más elevado de la historia. Pero no, no se trata de un error del Instituto Nacional de Estadística, sino que se debe al creciente peso de los residentes ausentes, aquellas personas que viven en el extranjero pero que han obtenido la nacionalidad española fijando la comunidad gallega como lugar de origen.

Los llamados a votar son 2.701.848 gallegos, de los que 2.255.579 residen en Galicia, mientras que otros 446.269 son los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Su número ha aumentado sensiblemente en los últimos años, tanto por la emigración como por la reforma del proceso de nacionalización aprobada con el Gobierno de Zapatero, que facilitó la adquisición de la nacionalidad a hijos y nietos de emigrados y exiliados.

En el año 1997 eran algo más de 237.000 los ausentes con derecho a voto, llegando a los 305.617 en 2005. Dos años después se aprobó el cambio en el sistema para acceder a la nacionalidad -mediante una enmienda en la Ley de Memoria Histórica-, que entró en vigor al año siguiente. Su consecuencia fue que en las autonómicas de 2009 los inscritos en el CERA aumentaran hasta los 335.425, para subir a 397.582 en las elecciones de 2012 y llegar ahora a los más de 446.000.

Nunca antes el censo exterior tuvo tanto peso en proporción al electorado total, circunstancia que se acentuó con la reducción de los residentes en Galicia, cuya cifra desciende desde 2005 en cada convocatoria con las urnas. Ese año había casi 2.312.000 censados, que a partir de entonces fueron mermando hasta los 2.255.579 de ahora.

Sin embargo, a pesar de representar ya el 16,1% del electorado -la mayor proporción de la historia-, la relevancia del voto exterior sigue el camino inverso, fruto de la reforma electoral aprobada en 2010 que dificulta el concurso de la emigración en las urnas. Desde entonces no puede votar en las municipales y tanto para las generales como para las autonómicas y las europeas, los emigrantes tienen la obligación de acudir al voto rogado, que consiste en solicitar primero el ejercicio de este derecho y luego seguir hasta cuatro envíos postales para completar el proceso.

Antes de 2011 los emigrantes recibían automáticamente en su domicilio en el extranjero todas las papeletas de los partidos políticos. Tras la reforma legal, los españoles que quieran votar tienen que solicitarlo a través del consulado enviando un formulario a la junta electoral correspondiente vía correo, fax o internet. Una vez corroborado y aprobado el ruego, la junta electoral envía las papeletas al elector.

El paso siguiente no cambió. El votante debe emitir su voto en el consulado, bien de forma presencial, bien enviando la papeleta por correo postal. Los funcionarios consulares deben acreditar la validez del voto con un sello y, posteriormente, lo remiten a España.

Pero la participación, con el cambio, se convirtió casi en testimonial. En las autonómicas de 2009, sin el voto rogado, enviaron su papeletas 76.000 emigrantes gallegos, mientras que en las últimas no llegaron a los 13.000.

La cifra más alta de electores en el extranjero corresponde a Argentina, con 156.887, seguida de Brasil (41.266), Venezuela (38.788), Cuba (37.373), Uruguay (36.037) y Suiza (32.869). Ya por debajo de los 20.000 están Francia, Estados Unidos o Alemania.