Algo más de 200 exdiputados españoles han reclamado la indemnización que ofrece el Congreso por el fin de legislatura exprés (4 meses) a los parlamentarios que carezcan de ingresos durante los casi dos meses que separan la disolución de las Cortes y la nueva cita con las urnas el próximo 26 de junio. De ellos, quince son gallegos: seis del PP, cuatro de En Marea, otros cuatro del PSOE y uno de Ciudadanos. El único exrepresentante que, teniendo derecho a ella, renunció a esta compensación es Dolores Galovart, cabeza de lista del PSOE por Pontevedra. Los demás, hasta sumar 23, ya no podían reclamarla por diversos motivos, como formar parte de la Diputación Permanente o tener una actividad privada remunerada. La indemnización mínima que cobrarán por los 54 días que separan la disolución de las Cortes del 26 de junio será de 8.193 euros brutos. Antes que ellos, otros catorce exsenadores gallegos pidieron también una compensación similar por cesar en sus escaños.

La del Congreso se llama "indemnización de transición" y está concebida como una retribución que garantice un sueldo a aquellos candidatos que esperan a que las nuevas elecciones determinen si vuelven a la Cortes o emprenden ya otra actividad, aunque la legislatura haya durado solo unos meses. La remuneración de esta especie de finiquito se realiza mediante un pago único, sujeto a tributación, por todos los conceptos que venían percibiendo antes de la disolución de las Cortes. Así, a los 2.813,87 euros mensuales de asignación básica se suman otros 1.823,86 para los diputados que resultaron elegidos fuera de la circunscripción de Madrid. En total, por los casi dos meses de transición, la cuantía mínima será de 8.200 euros para cada uno, a los que se añaden además los complementos que los diputados tenían por ocupar cargos en las comisiones del Congreso y que ya dependía del reparto de funciones de los propios grupos parlamentario entre sus miembros.

De los 23 representantes que le corresponden a Galicia en la Cámara Baja, ocho no accederán a la indemnización por diversos motivos, si bien Dolores Galovart es la única persona que renunció a la compensación teniendo derecho a ella.

Dos diputados del PP, Celso Delgado (Ourense) y Miguel Lorenzo (A Coruña), no tienen derecho porque ambos registran ingresos por actividad privada compatible con el escaño. Los cinco restantes tampoco podían pedir el finiquito porque forman parte de la Diputación Permanente -el órgano de las Cortes que permanece abierto durante el paréntesis entre legislaturas- y siguen cobrando del Congreso la misma nómina que antes de la disolución. En esta situación hay 121 diputados en España, cinco de ellos elegidos en Galicia: Marta González (PP, A Coruña), Pilar Cancela (PSOE, A Coruña) y Antón Gómez Reino y Yolanda Díaz, ambos de En Marea y por A Coruña. También está en la Diputación Permanente Ana Pastor, pero ella recibe el sueldo del Gobierno por ser ministra de Fomento.

Los que han solicitado el finiquito son los exdiputados del PP por Pontevedra Pilar Rojo e Irene Garrido; Miguel Ángel Viso por Ourense; Juan Manuel Juncal por A Coruña; y Joaquín García Díez y Jaime de Olano por Lugo. Por el PSOE la han reclamado Guillermo Meijón (Pontevedra), Rocío Frutos (Ourense), Ricardo García (A Coruña) y Margarita Pérez Herraiz (Lugo). De En Marea son Alexandra Fernández y Ángela Rodríguez (Pontevedra), David Bruzos (Ourense) y Miguel Anxo Fernández Bello (Lugo). Por Ciudadanos, su único diputado, Antonio Rodríguez (A Coruña), también la ha reclamado.

Cuando los exsenadores reclamaron su similar indemnización, ningún partido solicitó que renunciaran a ella y solo al PPdeG, a través de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, le pareció una decisión "muy opinable" por lo breve que resultó al legislatura, de apenas unos meses.