EFE / SANTIAGO
El conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, afirmó ayer que la Xunta presentará sus propias observaciones al expediente comunitario que considera ilegales las tarifas aplicadas a las industrias grandes consumidoras de energía, lo que afecta a Alcoa y Ferroatlántica.
El conselleiro hizo esta afirmación tras reunirse con el presidente de Alcoa España, José Ramón Camino de Miguel, con quien abordó aspectos energéticos, según una nota de la Xunta.
El conselleiro apostó por que Xunta, Gobierno y empresas actúen coordinadamente para dar la mejor respuesta posible al expediente abierto por la UE ante las tarifas eléctricas aplicadas a estas empresas, por entender las autoridades comunitarias que pueden ser ilegales.
Fernando Blanco explicó que la Xunta presentará sus propias observaciones al expediente y también colaborará con el Ministerio de Industria, que es quien tiene que liderar el proceso puesto que suyas son las competencias en la materia.
Además, el conselleiro apuntó que su departamento solicitará una ampliación del plazo de 30 días establecido por la UE para presentar alegaciones, tal y como se ha hecho en otros casos. "A nadie se le escapa que éste es un tema que afecta de manera esencial" a la producción y buena marcha de las empresas, dijo.
El titular de Industria apuntó que trata de pulsar la opinión de las empresas afectadas para trabajar conjuntamente en dar la mejor respuesta posible a la situación. Explicó que su consellería ya ha enviado una carta al Ministerio para trabajar de forma coordinada en un tema que calificó de "vital importancia", y que afecta a Galicia y a Asturias, al ser las zonas donde están localizadas grandes empresas productoras de electricidad como Alcoa, Ferroatlántica y Arcelor y recordó que el Ejecutivo gallego pondrá en contacto con el asturiano para desarrollar una estrategia global.
Alcoa
Por su parte, según la nota de la Xunta, el presidente de Alcoa calificó de adecuado el marco de colaboración establecido con la Administración Autonómica.
Camino de Miguel apuntó que, a juicio de Alcoa, las razones expuestas por la Unión Europea son, cuando menos, discutibles.
"Pensamos que tenemos argumentos de peso para dar una respuesta lo más sólida, adecuada y coherente posible para demostrar que la situación de 2005 no supone ninguna distorsión de la competencia", aseguró el presidente de Alcoa.