El Observatorio de Vivienda, creado por el Consejo General del Notariado y el despacho Garrigues, denunció ayer que existe corrupción en la contratación pública, especialmente local y en el ámbito del sector inmobiliario y en materia de vivienda y suelo, por lo que pidió medidas para luchar contra lo que supone uno de los grandes problemas de este mercado. Además, prevé que los precios de la vivienda se estabilizarán a corto plazo y recomienda reformas fiscales que incentiven el mercado del alquiler.

En la presentación del primer informe de este órgano que se entregó a los grupos parlamentarios, el presidente de la firma Garrigues, Antonio Garrigues, afirmó que las "grandes bolsas de dinero"que genera el mercado de la vivienda se convierten en un problema de corrupción que afecta de manera "real" al funcionamiento de la economía española. En concreto, el Observatorio pone de manifiesto la dependencia de los ayuntamientos sobre la enajenación de suelo público para obtener ingresos. Esta dependencia por la insuficiente financiación de las administraciones locales hace que éstas utilicen procedimientos "no objetivos" en la transformación del suelo, de manera que llegan a apropiarse de hasta el 50% de las plusvalías de esa operación. "La falta de financiación de las Haciendas locales y la sobrecarga de competencias de los ayuntamientos han dado lugar a lo que podría llamarse un urbanismo financiero que está generando plusvalías públicas y privadas muy notables", precisa el informe, que recomienda modificar el sistema de financiación local a través de una redistribución impositiva.

Garrigues pide un esfuerzo de todos los estamentos políticos y de los agentes que participan en el mercado de la vivienda y el suelo para adoptar medidas contra la corrupción, entre ellas la transparencia fiscal y la armonización de la legislación en materia de suelo. El presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño, pidió a la Administración que otorgue a los notarios más instrumentos para luchar contra esa corrupción, con el fin de reducir los márgenes de maniobra del defraudador. El informe considera que la política global de las administraciones públicas debería garantizar la suficiencia de suelo público bien localizado con destino a vivienda protegida a precio tasado, tanto pública como privada. Sin embargo, advierte que los aumentos de porcentajes de cesión de suelo si no se adoptan de forma transitoria provocarán un encarecimiento de la vivienda, ya que el promotor al tener que ceder a la administración más suelo elevará el precio de la vivienda para obtener el mismo margen de beneficio que con la totalidad del terreno.

El Observatorio prevé una estabilización del precio de la vivienda a corto plazo, porque la gran demanda ya está abastecida y no parece que los tipos de interés o el empleo vayan a sufrir "grandes turbulencias". Sobre el mercado del alquiler, recomienda la necesidad de introducir cambios fiscales de la manera que el arrendamiento deje de estar impositivamente discriminado.