Redacción / Agencias / VIGO / Canadá
La Corte Federal de Canadá acaba de dictar sentencia sobre la denuncia de la armadora viguesa Pereira contra su Gobierno el apresamiento del congelador "Estai" en abril de 1995, cuando se encontraba faenando en aguas internacionales de la NAFO. Este incidente motivó la llamada "guerra del fletán", que estuvo a punto de desembocar en un enfrentamiento armado entre Canadá y España.
Según la sentencia, el Gobierno de Canadá deberá indeminizar a la Armadora Pereira con 180.000 dólares. El juez Frederik E. Gibson, de la Corte Federal de Saint John´s indica en su fallo: "Condeno al demandado (el gobierno de Canadá) al pago, en concepto de daños y perjuicios, a los demandantes (Armadora Pereira) de la cantidad de 137.050,57 dólares y al pago de intereses (al tipo del 3,5% anual) desde el 28 de julio de 1995, hasta la fecha de la presente sentencia (26 de julio de 2005) así como al pago del interés legal que se devengue desde el día de hoy -el de la sentencia- hasta que se produzca el pago efectivo de la cantidad objeto de condena".
La empresa viguesa mostró asyer en un comunicado su "moderada satisfacción" por la resolución judicial que considera "mejorable", ya que la indeminización solicitada por la Armadora Pereira era de 800.000 euros.
El armador del "Estai", José Enrique Pereira, fue consciente desde el primer momento "de las dificultades que entrañaba que la Corte Federal de Canadá condenase al Gobierno al que representa" por el apresamiento de un pesquero extranjero.
El juez federal dictaminó que "las autoridades canadienses estaban en su derecho de arrestar el pesquero español "Estai" en aguas internacionales en 1995", por lo que rechazó la demanda de 800.000 dólares por daños presentada por el armador del barco.
En la sentencia -de 137 páginas- el juez Gibson señala que "el tribunal entiende que el demandado (el Gobierno canadiense), actuando a través del Ministerio de Pesca y sus empleados y agentes, tenía el derecho legal de arrestar al "Estai".
El juez basa esta opinión en los cambios realizados por el gobierno canadiense en 1994 en su ley de Protección de Pesca Costera en la que se identificaban específicamente los barcos españoles y portugueses y la absoluta prohibición de pescar determinadas especies en aguas internacionales. El juez también rechazó las acusaciones del capitán Enrique Dávila que las autoridades canadienses utilizaron fuerza excesiva e intimidación durante la persecución y arresto del "Estai" y recalcó que la embarcación española se había resistido al arresto.
