Galicia fue una de las últimas comunidades en adherirse a los mecanismos de financiación que el Estado puso a su disposición para dar esquinazo a los altísimos tipos de interés que el mercado exigía al sector público español en los años de crisis, cuando la prima de riesgo estaba día sí y día también en boca de todos. Fue en 2015. La Xunta solicitó 1.567 millones de euros en condiciones más que ventajosas por la decisión del Ministerio de Hacienda de compensarle, junto con Canarias, por el cumplimiento, algo excepcional entonces, del objetivo de déficit, el plazo de pago a proveedores y la regla de gasto. Hasta ese momento, el Ejecutivo autonómico solo se benefició de los anticipos por el sistema de financiación autonómica y el aplazamiento de los pagos pendientes de las liquidaciones de años anteriores de ese reparto de los fondos estatales. Ahora también parece que será una de las últimas regiones... en dejar de lado los mecanismos extraordinarios que sirvieron para cubrir las necesidades de deuda a precios razonables. La Xunta no tiene prisa por volver a firmar créditos con los bancos o emitir bonos. Por volver a los mercados, en definitiva, que es uno de los mensajes que en estas últimas semanas, víspera de la convocatoria de su cumbre con los responsables económicos de las comunidades, lanza el ministro Cristóbal Montoro.
A principios de año la Xunta anunció la renovación del acuerdo para seguir recibiendo recursos del Fondo de Facilidad Financiera. A diferencia del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), este instrumento está diseñado para los territorios que no se desviaron de las reglas de estabilidad financiera. No tiene condiciones e, incluso, en las primeras entregas el interés era de 0 euros. La solicitud del primer trimestre ascendió a 690,5 millones de euros y a 172,4 millones la del segundo. Van, por tanto, 863 millones.
"La administración gallega podrá acceder en este 2018 a un importe máximo de 1.400 millones de euro", señala la Consellería de Facenda. Preguntada por la posibilidad de regresar a los mercados, de que esté en los planes a corto plazo como ocurre con otras comunidades, no parece una prioridad. "Como ya se señaló en otras ocasiones, el Fondo de Facilidad Financiera no tiene condicionalidad -responden en el departamento que dirige Valeriano Martínez- y las comunidades adheridas a este mecanismo pueden salir de él en cualquier momento".
Sin contar con los préstamos de este año, que se firman con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Xunta acumulaba al cierre del pasado 2017 un total de 5.496 millones de euros a cargo del fondo. Supone el 49% de toda su deuda. No es una de las autonomías que más depende de los mecanismos extraordinarios de Hacienda, que en el caso de Murcia, por ejemplo, superan el 81% de su endeudamiento público; el 80% en la Comunidad Valenciana; y supera el 70% en Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares y Cantabria, según los datos del Banco de España.
Asturias, La Rioja y Castilla y León volvieron a la financiación convencional ya el pasado ejercicio. Madrid lo hizo en febrero con una emisión de 1.000 millones de euros, amortizable en diez años y un tipo de 21 puntos básicos por encima del bono de referencia equivalente del Tesoro Español. Y Andalucía y Aragón están en ello.
"Aspiramos que las comunidades vayan saliendo al mercado a financiarse, el mercado debe valorar la gestión presupuestaria que hacen", apuntaba hace unos días Montoro al hablar de esa cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera que, entre otros asuntos, abordará la patata caliente de la reforma del sistema de financiación autonómica y la polémica reestructuración de la deuda acumulada por las regiones.
No es solo una declaración de intenciones. La Actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021 remitida recientemente a Bruselas habla expresamente de facilitar la vuelta a los mercados. El Gobierno se reserva la opción de "aprobar medidas que fortalezcan la sostenibilidad financiera" de las autonomías "e incentiven el cumplimiento de los objetivos fiscales" para que su ratio de deuda (casi el 25% del PIB actualmente) "siga una senda compatible con las exigencias en esta materia de la UE". "Con ello -continúa el documento- se da respuesta al interés manifestado por varias comunidades por volver a financiarse en los mercados financieros consecuencia de las mejores perspectivas de crecimiento de la economía y el mejor comportamiento de los saldos fiscales".
