Se acabó rechazar cualquier operación que no se haga con dinero contante y sonante. El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley de servicios de pago, que obliga a todo empresario o profesional a ofrecer a los clientes un sistema de pago alternativo al dinero en efectivo cuando el importe de las transacciones supere los 30 euros. El instrumento de pago alternativo, sobre todo el TPV para el cobro con tarjeta o los nuevos dispositivos que permiten directamente hacerlo con el móvil, deberá anunciarse en algún lugar visible del local, establecimiento o instalaciones del empresario o profesional.

Esta nueva norma, que traspone la directiva de servicios de pago PSD2, regulará, además, el acceso de terceros a la información bancaria y creaun nuevo régimen de operadores para los servicios de pago.

En una compra realizada por transferencia, el iniciador de pago sería el encargado de realizar la transferencia con los datos del cliente, a los que tendría acceso tras recabar su consentimiento. Los proveedores de información de cuentas, un servicio que en España ya realizan firmas como Fintonic, tendrán derecho a acceder a la infraestructura de los bancos, pero deberán solicitar una licencia para actuar o como iniciadores de pago o proveedores de información de cuentas.