Para hacer frente a cuestiones procesales y litigios pendientes en el terreno fiscal, Abanca tenía reservados al final del pasado año un total de 232,9 millones de euros en provisiones. Durante el ejercicio gastó 41 millones por las reclamaciones de las cláusulas suelo; otros 18 millones corresponden a la provisión con motivo de las demandas por la concesión de contratos de cobertura de tipos de interés vinculados a financiación hipotecarias concedidas a familias y autónomos; 19 millones más, "aproximadamente", por "posibles contingencias" derivadas e las acciones de gestión de instrumentos de híbridos de capital y deuda subordinada; y 77 millones para "cubrir compromisos con terceros con origen en la actividad del grupo, entre las que se encuentran provisiones con origen, principalmente, en el proceso de reestructuración del banco".
De los 41 millones de las cláusulas suelo -la partida en 2016 era de 158 millones- hay 32 millones que "están amparados por la garantía existente en el contrato de compraventa del banco". Es decir, el FROB responde por ellas.
A estas alturas, Abanca todavía tiene procesos judiciales en curso por la quita aplicada a las preferentes y la deuda subordinada. El volumen de títulos afectados alcanza los 17,086 millones de euros, ligeramente inferior al de 2016 (17,829 millones). También en este caso el FROB asume parte del coste.
