La reprimenda del Supremo por el enorme retraso que acumula el cumplimiento de la sentencia del 11 de junio de 2014 que obliga a trasladar a los consumidores de cada comunidad la cantidad pagada el año anterior por las empresas eléctricas en esos territorios por los impuestos autonómicos al sector pilla al Ministerio de Energía en plena recolección de los datos. De la información necesaria para saber cuánto desembolsaron las compañías y calcular cuánto toca a cada cliente. Tras la publicación ayer en FARO del auto del tribunal exigiendo la aprobación de los denominados suplementos territoriales antes del próximo 18 de julio bajo amenaza de sanciones e incluso indemnizaciones, el departamento que dirige Álvaro Nadal recuerda que desde finales de enero está en vigor la orden que pretende facilitar el acceso a esos datos ante la negativa de muchas comunidades a darlos. "En eso estamos", confirma Energía, que tiene "la intención" de "aprobar los suplementos cuanto antes".

Esa orden, que invalidó la anterior de enero de 2017 en la que se instauraban los recargos solo en cuatro autonomías -Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana- por falta de colaboración del resto, entre ellas Galicia, permite que sean directamente las empresas las que pidan a las administraciones regionales el comprobante de los pagos y presentarlo en el Ministerio de Energía para iniciar los trámites de la devolución a cargo del recibo de los consumidores. "Por tanto, el Ministerio está cumpliendo las sentencias judiciales", defienden el equipo de Nadal, frente a las quejas de la inmensa mayoría de empresas y organizaciones patronales del sector personadas en el proceso y que han llegado a pedir al Supremo que ponga en marcha ya medidas coercitivas. El tribunal coincide en que la orden "establece un mecanismo que puede ser útil", pero "no cumple definitiva ni íntegramente lo acordado".

¿Por qué? Porque la orden solo identifica los impuestos regionales que hay que llevan al recibo de la luz -cuatro en el caso de Galicia, una de las más afectadas: canon eólico, el de los embalses, el de contaminación atmosférica y el de saneamiento-, pero no fija cuál es la recaudación y la cuantía concreta que toca a cada ciudadano con contrato eléctrico.

De hecho, el auto del Supremo recuerda que la orden daba un plazo de tres meses para recabar y remitir al Ministerio las certificaciones "a esta fecha ha transcurrido en buena medida". "Sin embargo, este plazo no debe impedir la colaboración de las comunidades y no ha de ser obstáculo para la ejecución de la sentencia", señala el tribunal, que, a diferencia del autos anteriores por esta misma razón, el retraso, sí opta esta vez por hacer llegar sus requerimientos a las comunidades, "instando su colaboración, exigible para el cumplimiento de las resoluciones judiciales".

La Xunta mantiene su postura invariable. Aunque, como publicó FARO, finalmente decidió mandar los datos al Ministerio -la cantidad no ha transcendido, ni tampoco si deja fuera alguno de los cuatro tributos identificados-, en paralelo recurrió la orden con el argumento de que los suyos son gravámenes medioambientales. "No se refieren a la producción de energía eléctrica, la generación, sino a impactos ambientales", insistía ayer el vicepresidente Alfonso Rueda. La opinión del Ejecutivo autonómico, "avalada por la asesoría jurídica", es que no deben ser repercutidos en los clientes. "Seguimos defendiendo eso con argumentos sólidos -añadió- y el respaldo político del Parlamento". El razonamiento choca con la obligación por ley y por sentencia de aplicar todos los impuestos, sean directos o indirectos.

Y en el Parlamento quiere el BNG que comparezca de urgencia el conselleiro de Economía, Francisco Conde, para dar explicaciones sobre la resolución del Supremo. Estiman que el coste será de 70 millones de euros. "Es una burla para Galicia que el PP permita que paguemos más por la luz cuando somos un país productor de energía", apunta la portavoz nacional, Ana Pontón, que critica que la Xunta siempre negara que esto iba a suceder. "La subida del recibo -dice- está a las puertas".