A la Xunta no le quedó otro remedio que reformar en varias ocasiones su polémico sistema para comprobar el valor de los bienes declarados en los impuestos bajo su competencia. En plena doble recesión, la administración gallega estrenó un baremo con precios medios que, a pesar de estar calculados con estudios de mercado, guardaban poca semejanza con la realidad del pinchazo del ladrillo. Se amontonaron las reclamaciones. Luego los tirones de oreja de los tribunales. Y, finalmente, en julio de 2015 la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) decidió cambiar a fondo el método y desde entonces revisa los inmuebles urbanos a partir del valor catastral y mantiene los precios medios para el resto. Eso, anunciaron sus responsables, amortiguaría las quejas de los contribuyentes en la comunidad. Pero lo ha hecho muy poco. Otra vez la Inspección General del Ministerio de Hacienda y Función Pública reprocha a la Atriga la elevada conflictividad e incluso esta vez advierte que la prolongación de los procesos ante tantos recursos provoca un "riesgo de prescripción". En 2016 las retasaciones de Facenda dispararon el valor de los bienes declarados en casi 4.400 millones de euros.
El número de valoraciones ascendió a 243.140. No hay apenas variación respecto a 2015, cuando se realizaron 250.000. Tampoco se nota demasiado el cambio de criterio en la Atriga en el incremento de valor en comparación con lo declarado. Un 61,5%, frente al 68,7% del ejercicio precedente. Los contribuyentes presentaron bienes por un importe de 7.149,5 millones de euros que la administración regional elevó hasta los 11.546,5 millones.
La horquilla de los aumentos del valor de los bienes va del 51,9% en las propiedades rústicas, que concentraron casi ocho de cada diez revisiones, al 75,3% en las urbanas. En el resto de bienes, como las participaciones en empresas, el alza media fue del 53,3%.
Los mayores incrementos se dieron en la delegación de la Atriga en Ourense (90,2%), Vigo (75,9%) y Pontevedra (75,8%). En A Coruña rondó el 54,5%. Una enorme disparidad que la Inspección General del Ministerio de Hacienda achaca "a las diferentes características socioeconómicas de cada provincia", según recoge el informe de supervisión de la Atriga incorporado al proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Como en anteriores análisis, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda llama la atención de la altísima cantidad de quejas de los contribuyentes, habitualmente "por discrepancias con el valor fijado por la administración debido a la antigüedad y estado de conservación de los inmuebles, o individualización del sistema de los precios medios de mercado, errores de localización y el emplazamiento, sobre todo en el caso de los bienes rústicos y la aplicación de los gastos generales, beneficio industrial y honorarios técnicos". "El grado de estimación de los recursos de reposición es elevado", insiste. Al igual que las resoluciones y sentencias del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR), con un "criterio mayoritariamente estimatorio" por defectos en la motivación del incremento de valor por parte de la Atriga.
"Resulta recomendable que los dictámenes periciales se ajusten a los criterios jurisprudenciales establecidos, particularmente en cuanto a la visita al bien a a valor se refieren", reclama la Inspección General, frente a la negativa de la Xunta a generalizar las visitas. No descarta el organismo el empleo de otros mecanismos alternativos "cuando sea posible", como la tasación hipotecaria, seguros de obra nueva, valoraciones de transacciones anteriores o subastas.
Y es ahí donde lanza una importante advertencia. Cuando el TEAR da la razón al contribuyente obliga a retrotraer las comprobaciones al principio. La Inspección General insta a la Atriga a dar "prioridad absoluta a las áreas técnico facultativas para una nueva valoración de los bienes, dado el riesgo de prescripción que pueden conllevar". No es la única petición. El organismo apela a "considerar" una "modificación" de la orden de comprobación para "motivas los distintos coeficientes" que la Xunta aplica para actualizar los valores catastrales.
