Con el eco bien fuerte todavía de las numerosas y multitudinarias manifestaciones del fin de semana para reclamar al Gobierno pensiones dignas y que su actualización anual vuelva a estar vinculada al comportamiento de los precios, el Defensor del Pueblo se sumó ayer a los golpes sobre la mesa que advierten de la difícil encrucijada a la que se enfrentan millones de jubilados en España por la pérdida de poder adquisitivo y el propio sistema con las dudas sobre su sostenibilidad futura. El organismo incluye por primera vez en su informe anual un apartado dedicado en exclusiva al impacto de la crisis en la sociedad y el problema de la desigualdad. Y en él alerta de que la fórmula actual de revalorización de las pensiones permite anticipar una cuasi congelación de las mismas -el mínimo es del 0,25%, el porcentaje aplicado en este 2018 por quinto ejercicio consecutivo- durante años, lo que, una vez recuperada la inflación, provocará el "empobrecimiento constante de todos los pensionistas". No solo eso. La situación, según el Defensor del Pueblo, "podría suscitar dudas" respecto a la previsión constitucional, recogida en el artículo 50 de la Carta Magna, que insta a los poderes públicos a garantizar mediante pensiones adecuadas "y periódicamente actualizadas", la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
La nueva fórmula de revalorización de las pensiones, que liga su actualización a la evolución financiera de la Seguridad Social, volvió a a ser en 2017 motivo de "numerosas quejas" de ciudadanos y asociaciones al organismo que lleva en funciones Francisco Fernández Marugán. Recibió el año pasado casi 45.200 firmas (de ellas 13.016 y 7.176 procedían de los defensores autonómicos de Galicia y Aragón) solicitando la convocatoria de un referéndum para una reforma constitucional que establezca el carácter público de las pensiones y su revalorización automática. "Estas peticiones han sido constantes desde el año 2013 y en todas las ocasiones se ha dado traslado de su contenido a la presidencia del Congreso y del Senado. La intención principal de este colectivo es suscitar un debate sobre el modelo, cuestión que deberá debatirse en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo, con el mayor consenso posible", explica.
La revalorización mínima es una de las principales "vulnerabilidades" que aprecia el Defensor del Pueblo en lo tocante a la adecuación de las pensiones, junto a la "modesta" cuantía de las mismas y la existencia de una brecha de género tanto en el acceso a la pensión como con su importe. Concretamente, el Defensor del Pueblo evidencia que el 60% de las pensiones no supera los 800 euros mensuales, con una cuantía media que ronda los 925 euros. "Tales cifras permiten alertar de que algunos indicadores comparados sobre la generosidad de nuestras pensiones ofrecen una fotografía del sistema español algo distorsionada, en buena medida como consecuencia de la fuerte devaluación salarial de los últimos años", agrega.
El Defensor del Pueblo llama la atención sobre el hecho de que el porcentaje de mujeres de entre 60 y 79 años con derecho a una pensión es un 13% inferior al de varones y considera incluso "más preocupante" que la proporción de mujeres que acceden a una pensión de jubilación es un 40% inferior. Asimismo, la brecha en la cuantía media de las pensiones (tanto de jubilación como del total) roza también el 40%.
Para el Defensor del Pueblo, "lo más urgente" es corregir el desequilibrio financiero de la Seguridad Social por la "extraordinaria incertidumbre" que genera entre los pensionistas y la sociedad. A su juicio, "parece difícil" que el déficit pueda desaparecer "simplemente a través de la recuperación de los empleados perdidos durante los años más duros de la crisis y de una progresiva mejora de las condiciones salariales". Una vez descartado el uso del Fondo de Reserva (donde apenas quedan 8.000 millones de euros), en el plazo más inmediato sólo cabrían dos opciones, que la institución no prejuzga: endeudarse o incrementar las fuentes de financiación habituales con una subida de cotizaciones o el aumento de las aportaciones del Estado.
