El Consejo de Ministros de la semana pasada aprobó el plan de ayudas al alquiler. Con esta iniciativa pretendía facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos de menos renta, con el foco puesto entre los más jóvenes y los más mayores, que recibirían ayudas para cubrir "hasta el 50%" de su gasto mensual en alquiler. Pero el "hasta" abarca un amplio tramo que arranca en el 0% y al que se verán condenados la mayor parte de los posibles beneficiarios, golpeados por el endurecimiento de los requisitos que limita el acceso a estas ayudas.

Y es que en las menos de 24 horas que transcurrieron entre el anuncio de la medida en el consejo de ministros hasta que esta se plasmó en el Boletín Oficial del Estado, los requisitos de acceso sufrieron un giro de 180 grados. Durante su presentación, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna avanzó que podrían solicitar estas ayudas al alquiler aquellos hogares en los que no se superasen tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Es decir, que no llegasen a los 22.558 euros anuales. Sin embargo, la letra pequeña del plan restringe las ayudas al alquiler, en un principio, solo para quienes cobren menos de la mitad: 1,5 veces el Iprem o menos de 806 euros al mes en 14 pagas.

Este es el límite de ingresos que establece el plan aprobado por Fomento para aquellos hogares formados por solo una persona. En el caso de que sean dos las personas que conviven en ese hogar, el umbral de ingresos se eleva hasta los 15.039 euros anuales (1.074 al mes en 14 pagas). Si son tres, el límite sube hasta los 18.799 euros anuales (1.342,8 euros mensuales en 14 pagas) y solo se sitúa en los 22.558 euros anuales en el caso de que sean cuatro las personas que conforman el hogar. Un hogar formado por dos personas que trabajen y perciban, por ejemplo, el salario mínimo (20.604 euros anuales entre ambos), se quedaría al margen de estas ayudas.

Este endurecimiento de los requisitos que sufrió el proyecto desde que fue anunciado en el Consejo de Ministros hasta que, menos de 24 horas después, entró en el Boletín Oficial del Estado no es el único. El plan que detalla el BOE fija un marco sobre el que luego se deben mover las comunidades autónomas. "Las comunidades autónomas (...) podrán reducir en las convocatorias de ayudas el límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia y la renta máxima mensual establecidos en el artículo anterior, en función de las circunstancias demográficas o económicas y de hacinamiento o sobreocupación", establece el artículo 12 del Plan Estatal de Vivienda.

Las comunidades autónomas no pueden ampliar el límite de ingresos de los hogares para acceder a estas ayudas, pero sí restringirlos. Y no solo eso. Incluso se puede llegar a dar el caso de que le sea denegada la ayuda a alguien que, en principio, cumple con los requisitos de ingresos. El plan de vivienda contempla un presupuesto cerrado de 1.443 millones de euros en cuatro años -a los que hay que sumar las aportaciones de las autonomías, que sufragarán en torno a una cuarta parte del total-, que no se podrá superar. En el caso de que se soliciten más ayudas de las que se pueden sufragar, el plan de vivienda contempla una criba para determinar quién se beneficia de la medida y quién se queda al margen, con la que se primará a los hogares con rentas más bajas.

La letra pequeña del Plan Estatal de Vivienda no solo endurece los requisitos respecto a lo anunciado, sino que también se olvida de los jóvenes. Durante su aprobación se recalcó que los beneficiarios de las ayudas verían sufragado el 40% del alquiler, un porcentaje que se elevaría hasta el 50% en el caso de los menores de 35 años y los mayores de 65 años. Sin embargo, el BOE elimina la mención a los más jóvenes y solo los mayores de 65 años verán pagado la mitad de su alquiler. Pero ahí aparece de nuevo la letra pequeña. Este porcentaje de ayuda solo se aplica a los primeros 600 euros de alquiler y se reduce hasta el 30% en los 300 siguientes.