Lo único claro en el agitado debate sobre el sistema público de pensiones es que sin la creación de empleo no hay sostenibilidad posible. A eso se agarraba ayer el nuevo ministro de Economía para defender que el futuro de las prestaciones está "garantizado" con el conjunto de los recursos públicos -un mensaje que entronca con la idea de pasar parte del coste, el pago de viudedad y orfandad, directamente a los Presupuestos Generales del Estado-, aunque Román Escolano admite que "sin duda" es necesaria "una larga fase de crecimiento económico". Pero no será suficiente si, como está ocurriendo, ese avance de la actividad viene solo, sin una recuperación de los salarios. La Seguridad Social recauda menos por cada cotizante. ¿Por qué? Por la elevada temporalidad de los contratos y la proliferación de ocupaciones a tiempo parcial y que duran días u horas. Según la última liquidación de presupuestos del organismo, la de 2016, con unos 17,6 millones de trabajadores en alta los ingresos ascendieron a 103.640 millones de euros, casi 1.900 millones menos que en 2010 cuando el número de afiliados era prácticamente el mismo. En Galicia, donde está costando más recuperar el empleo perdido durante la doble recesión, se nota especialmente el desequilibrio y la recaudación media acumula un recorte de casi el 20% en los últimos seis años.
En 2011, como recogen los datos de gestión económica de la Seguridad Social, las cotizaciones en Galicia rondaban los 5.650 millones de euros. Había en aquel momento unos 986.000 cotizantes. De media, cada uno aportaba alrededor de 5.760 euros. En 2016 se situó en 4.800 euros: 955.000 altas e ingresos de 5.371 millones, incluida también la parte de las mutuas colaboradoras.
Entre ambos años hay también una distancia enorme en el perfil de las contrataciones en Galicia. Los puestos a tiempo parcial aumentaron un 69%, un 34% los contratos de obra o servicio y un 62% los eventuales por circunstancias de la producción. A esto hay que añadir la profunda devaluación salarial experimentada en toda España.
El impacto de la crisis económica en el sistema de pensiones es más que evidente. Aunque la discusión sobre cuánto se cobrará a largo plazo se repite periódicamente, esta vez se dan dos condicionantes nuevos que azotan de lleno al Pacto de Toledo. Por un lado, la batalla de los propios jubilados para espantar la revalorización mínima del 0,25% aplicada en este 2018 por quinto año consecutivo y volver a vincular la revisión al IPC para no perder poder adquisitivo.
Por otro lado está esa repercusión de la precariedad laboral en la caja de la Seguridad Social frente al incremento sin tregua del gasto por el envejecimiento de la población. Que no es algo nuevo. Galicia tiene hoy 186.000 pensionistas más que hace dos décadas, un alza del 32%. La partida destinada a sus prestaciones se disparó un 230%. O, lo que es lo mismo, se multiplicó por 3,3, pasando de 2.225 millones a mediados de los noventa a aproximadamente 7.400 millones en 2016.
Aunque en 2017 batió el récord de ingresos por cotizaciones, con 109.000 millones, la Seguridad Social calcó el déficit del ejercicio anterior, por encima de los 18.000 millones de euros. De Galicia solo hay datos hasta noviembre y sin contar la aportación de las mutuas, que aportan un buen pico en la recaudación distinta a la de las prestaciones. Si nos centramos solo en los ingresos por altas laborales y con datos todavía provisionales, el incremento en la comunidad respecto a noviembre de 2016 es del 3,2%. ¿Y el gasto en pensiones? Creció prácticamente lo mismo, un 3%. Las cosas son bien distintas comparando las cifras absolutas. Mientras la subida de la recaudación en cotizaciones es de 114 millones, la de las pensiones fue de 191 millones.
