El juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional cierra hoy el plazo para la presentación de los escritos de acusación del caso Pescanova después de que el magistrado concluyese la investigación con 18 imputados por delitos de falseamiento de cuentas anuales, de información económica, estafa, blanqueo o alzamiento de bienes, falsedad documental, insolvencia punible, uso de información relevante y bloqueo de la actividad supervisora. Es el procedimiento que investiga la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia empresarial española, de 3.500 millones de euros. Y es el escándalo que acabó con la dinastía de una familia, la Fernández de Sousa, vinculada a la multinacional desde su constitución en 1960. Un apellido que, según el expresidente de la compañía, ha sido la ruina de su hijo Pablo, investigado por falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica, estafa e insolvencia punible.
"La larga instrucción no ha ofrecido asomo de responsabilidad criminal respecto de Pablo Fernández Andrade, persona encausada únicamente por ser hijo de mi mandante", dice la defensa legal de Manuel Fernández de Sousa. Lo hace en un escrito en el que se adhiere al remitido por su vástago, que ha pedido el sobreseimiento del caso contra él, y contra el que han reaccionado en tromba desde el fondo Luxempart, Cartesian Capital Group y hasta siete accionistas particulares, según la documentación a la que ha tenido acceso FARO. La de Fernández de Sousa ha sido la postura más beligerante ante unas acusaciones que pueden acarrear al hijo (exconsejero y exdirector general de área) una pena de cárcel de hasta 18 años, según el auto del juez José de la Mata. Este documento, entiende el expresidente de Pescanova SA, "no refiere dato o indicio alguno sobre los cuales sostener la afirmación de que Pablo conocía la situación de Pescanova [...] Jamás ocurrió".
Según han confiado allegados de Fernández de Sousa su intención fue "desde el primer momento" proteger a su hijo, extremo que quedó de manifiesto desde el primer momento. De hecho Pablo Fernández Andrade pasó de trabajar en la antigua matriz a la filial Frinova, en la que aguantó hasta abril de 2014. Causó baja por motivos personales. En los correos que Sousa dirigió a una persona de su confianza durante la crisis del grupo, y que desveló FARO en exclusiva, se pronunciaba en estos términos sobre su familia. "Si me voy, la empresa irá a liquidación y con ello aumento mi responsabilidad económica y la del consejo, incluida la de Pablo y Fernando (su hermano, exconsejero)", escribió en mayo de 2013, momento en que la administración concursal (Deloitte) acababa de hacerse cargo de la gestión de la pesquera. "Estoy solo. Solo me apoyan Pablo y Fernando. No tengo ninguna posibilidad y todo irá empeorando", confesaría en octubre del mismo año.
"Estamos ante un caso claro -continúa el escrito remitido la pasada semana a la Audiencia Nacional- de que si éste [por Pablo] no se apellidara Fernández Andrade, el fiel de la balanza lo hubiera dejado entre los consejeros exculpados". En este último grupo figuran Jesús García, "justamente apartado de la causa", opina la defensa legal de Fernández de Sousa, a cargo de Gonzalo Martínez-Fresneda. "Sin indicios ni sospechas, después de una larga y profusa instrucción, lo propio es reconocerlo -desliza al juez- y archivar la causa contra el inocente". El hecho es que, además de la investigación sobre el macroconcurso de Pescanova SA, De la Mata ha decidido abrir una pieza separada para investigar el patrimonio de la familia, por la que están imputados tanto el expresidente Manuel Fernández de Sousa, su esposa, Rosario Andrade, y sus dos hijos. Varias acusaciones populares, entre ellas Bankia, considera que la investigación a la familia no debería separarse de la pieza principal porque los fondos detectados en Andorra procederían presuntamente de la propia pesquera.
Calendario
Tras la presentación de los escritos de acusación el magistrado instructora deberá dictar auto de apertura de juicio -que será macrojuicio-, y dará traslado a las defensas para que presenten sus escritos de defensa. "Una vez concluido esos trámites, que le llevarán un par de meses -indican las mismas fuentes jurídicas-, remitirá las actuaciones a la Sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional competente para el juicio, que, a la vista de su agenda, tendrá que señalar fechas del mismo". "Depende de la sección", agregan, aunque los letrados calculan que la demora a partir de ahí será "de cuatro a seis meses". Con estos precedentes las acusaciones particulares consultadas prevén que el juicio pueda arrancar a final de año o al inicio de 2019, momento en que se cumplirán seis años de la quiebra de la multinacional.
