Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo llegaron ayer a un principio de acuerdo para igualar la remuneración que obtienen los trabajadores que son desplazados por sus empresas a otro país del bloque comunitario de forma temporal a la que reciben los empleados del Estado miembro de acogida por la misma actividad.

Los representantes lograron un consenso preliminar en la séptima ronda de negociaciones para reformar la directiva que regula los derechos de los trabajadores desplazados, aunque todavía deben cerrarse los detalles de la misma. Posteriormente, tendrá que ser aprobada por los Veintiocho y por la Eurocámara.

"Es un paquete equilibrado que va en el interés de todos los ciudadanos europeos, el éxito es que nos preocupamos por que la gente que trabaja en el mismo lugar, con el mismo empleo, tenga los mismos derechos y el mismo salario", explicó Zornitsa Roussinova, ministra adjunta de Empleo y Asuntos Sociales de Bulgaria, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la UE. La reforma de esta directiva abrió un cisma entre a los Estados miembros, al contar con la oposición de los países del este. España también tenía una opinión desfavorable, pero finalmente apoyó la apertura de negociaciones con el Parlamento Europeo una vez que los Veintiocho pactaron aplicar disposiciones específicas para el sector del transporte.

El acuerdo preliminar con el Parlamento Europeo mantiene el periodo máximo de 12 meses en los que un trabajador podrá ser considerado como desplazado, que se podrá ampliar por otros seis meses siempre que esté justificado por el proveedor del servicio. Las disposiciones sobre trabajadores desplazados en el transporte por carretera se aplicarán una vez entre en vigor la normativa específica para este sector.