El Consello Sindical Interrexional (CSIR) Galicia-Norte de Portugal mantendrá el jueves una reunión de trabajo con representantes de la Inspección de Trabajo de España y Portugal, en la localidad lusa de Valença, para abordar la situación y las condiciones laborales de los trabajadores de la eurorregión. El encuentro servirá, según el secretario xeral de CCOO en la comunidad y presidente de turno del CSIR, para poner sobre la mesa problemas concretos que atañen a la labor inspectora, como prácticas de dumping laboral (reducir los costes de producción manteniendo a empleados en condiciones muy precarias e incluso similares a la esclavitud), incumplimientos de la normativa por parte de las empresas o irregularidades como no comunicar los desplazamientos de trabajadores.

"Al margen de vigilar el cumplimiento de las normas, el gran objetivo del Consello es que las condiciones de los trabajadores portugueses converjan con las de los gallegos", explicó Sarmiento a Europa Press. Uno de los principales problemas de la clase trabajadora en Portugal es la "brecha salarial bestial" que existe entre los empleados de categorías básicas y los profesionales intermedios y directivos de las empresas. El presidente de turno del CSIR lamenta que, pese a formar parte de una eurorregión, Galicia y Portugal "siguen viviendo de espaldas" en el ámbito laboral, y esa circunstancia es "aprovechada" por las grandes multinacionales para "presionar con condiciones laborales a la baja".

Las últimas estimaciones conocidas (de 2016) cifraban en 6.500 los ciudadanos portugueses que trabajan en Galicia, principalmente en el sector de la construcción y en empresas del metal-naval. Esto significa que, desde 2007, cundo se superaron los 22.000, el número de operarios lusos en territorio ha descendido en un 70%, "y la tendencia sigue siendo a la baja", dice Sarmiento.

Con respecto a su situación, el secretario de Política Institucional de UGT en Galicia, José Carlos Rodríguez del Río, afirma que, pese a que la vigilancia de sindicatos y organismos de la administración ha logrado mejoras en sus condiciones, "sigue habiendo casos de explotación". "Pero es que también hay trabajadores explotados que son gallegos", puntualiza. Las empresas que tienen plantas de producción en Galicia y en el Norte de Portugal, "por lo general cumplen la normativa", pero los problemas se detectan en aquellas que "se desplazan o desplazan a sus trabajadores". En esos casos, es más habitual que cometan irregularidades. Por ejemplo, algunas de ellas no comunican esos desplazamientos, aunque superen el límite de 8 días (por debajo de ese tiempo no es obligatorio), a la autoridad laboral competente, para que ésta informe a la Inspección de Trabajo.

Otra de las denuncias más frecuentes, según el secretario nacional de la Federación de Construcción e Madeira de la CIG, Plácido Valencia, es que a esos trabajadores se les aplican los convenios provinciales "solo en apariencia" pero "no se respetan sus derechos". En la construcción, donde trabaja el mayor volumen de obreros portugueses, "las jornadas son de 12 horas" y se pone en riesgo la seguridad en las obras (fundamentalmente obra pública), o "se esconden" en las nóminas las "muchas" horas extras porque "si trabajasen las horas que corresponden, sin extras, no llegarían al salario mínimo".