Hasta que el Ministerio de Energía confirmó hace un año que Galicia era una de las zonas en las que había que repercutir a los consumidores sus impuestos propios al sector energético, la Xunta se negaba en rotundo a reconocer públicamente que antes o después el precio de luz subiría en la comunidad. El problema viene de lejos. La ley eléctrica de 1997 recoge la posibilidad de encarecer el recibo en aquellas autonomías que "directa o indirectamente" graven la actividad para evitar así que los clientes de otras regiones acaben pagando el sobrecoste para las empresas por esos tributos. Esa posibilidad se convirtió en obligación en 2013. Pero no se activó ninguno de los llamados suplementos territoriales. Las denuncias de las compañías acabaron con una orden del Tribunal Supremo a cumplir con lo que la ley decía, pendiente todavía por la oposición de la mayoría de comunidades afectadas, incluida Galicia, a aportar los datos de recaudación para calcular cuánto le toca a cada usuario. En un claro intento de bloquear el alza, el presidente de la Xunta anunció ayer que, como ya había adelantado el vicepresidente Rueda y el conselleiro Conde, recurrirán la reciente orden con la que Energía quiere de una vez por todas aplicar los suplementos que en el caso de Galicia afecta a nada menos que cuatro tributos: canon eólico, de saneamiento, el de los embalses y el impuesto de contaminación atmosférica.
Habla Alberto Núñez Feijóo de "una reclamación incorrecta" por parte del ministerio "a los consumidores gallegos". El recurso contencioso-administrativo autorizado en el Consello de la Xunta de ayer "argumenta que las figuras tributarias con las que la Xunta grava al sector eléctrico son de carácter medioambiental", explicó el presidente. "Por lo tanto, no se gravan las instalaciones, ni los consumos, sino a las compañías desde el punto de vista ambiental -añade-. Los impuestos contra la contaminación deben ser soportados por quien contamina".
Aunque son cuatro los tributos que hay que trasladar a la factura de los gallegos, el jefe del Ejecutivo autonómico se centro en el canon eólico -23 millones recaudó en 2013- para asegurar que los parques "producen una contaminación paisajística muy intensa". "Estoy convencido de que los letrados de la Xunta han hecho un buen recurso -continúa Feijóo,- y vamos a intentar demostrar que no gravan ni directa ni indirectamente las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico".
El ejemplo de Feijóo con los aerogeneradores, sin embargo, evidencia que los tributos sí se asientan sobre instalaciones. De hecho, a menor número de molinos, como también él recordó, más baja es la cuota. La otra cuestión que pone difícil el recorrido del recurso de la Xunta es que la ley no hace ninguna discriminación en la naturaleza de los impuestos, medioambientales o no, que hay que devolver a las empresas mediante el cobro a los particulares; y deja claro que son todos, tanto directos como indirectos.
La Xunta no ha desvelado el importe. Sí ha trasladado datos a Energía, aunque siga con la batalla, como publicó FARO. Ante un posible rechazo en los tribunales, Feijóo destaca que solo hay que devolver la cuantía de 2013. La ley eléctrica cambió después para dejar de nuevo los suplementos territoriales como una opción en manos del Gobierno.
