Iberdrola cerró 2017 con un beneficio de 2.804 millones de euros, un 3,7% más que el ejercicio anterior, gracias al negocio de redes, principalmente en EEUU, y el área de renovables en todos los países en los que está presente, salvo España, donde sufrió un fuerte impacto por la sequía que tumbó la producción verde un 35,4%. La generación eólica bajó un 0,2%, la hidroeléctrica se desplomó un 56,9% y otro 42,6% la de los embalses más pequeños.

De cara a los próximos años, el nuevo plan estratégico 2018-2020 contempla una inversión de 32.000 millones de euros para "sentar las bases para un crecimiento sostenible futuro". Al final del periodo estima alcanzar unas ganancias de entre 3.500 y 3.700 millones de euros. Más del 90% de las inversiones se destinará a los negocios de redes (50%), mientras que a renovables irá el 37% y un 4% a generación contratada en México. Las tres áreas aportarán más del 80% del resultado bruto de explotación en 2022.

Su presidente, Ignacio Sánchez Galán, descartó ayer durante la presentación de las cuentas y el plan estratégico que el grupo vaya a realizar ninguna gran adquisición en estos próximos años. El crecimiento será orgánico, salvo que "surjan oportunidades" que no impliquen una salida de caja o ampliaciones de capital. Sánchez Galán fue, además, muy tajante sobre la intención del Gobierno de repercutir en las eléctricas el coste del desmantelamiento de las nucleares. "La Ley es la Ley y lo deja muy claro, es responsabilidad del Estado". El líder de Iberdrola asegura que las empresas han pagado "muchísimo dinero" a lo largo de las últimas décadas a Enresa, la empresa pública encargada de los residuos radioactivos, para realizar esa labor.