El Consejo de Ministros aprobó ayer el rescate de ocho de las nueve autopistas de peaje que están en quiebra al autorizar la anulación de los contratos con las actuales sociedades concesionarias de las vías. El Gobierno también instó a que se determinen las fechas exactas en las que el Ministerio de Fomento, a través de su sociedad Seittsa, pase a hacerse cargo de las autopistas, según informó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo.
El Gobierno cifró en unos 2.000 millones esta factura en el plan de estabilidad remitido a Bruselas en otoño, pero los fondos que tienen la deuda de las autopistas lo estiman en unos 4.500 millones. El Ejecutivo asegura que su cálculo es "orientativo" y que además, espera cubrir parte del mismo con los hasta 1.000 millones que espera obtener con la relicitación de las vías, que rebajaría a la mitad el gasto.
El Consejo autorizó rescindir siete contratos de concesión. Se trata del correspondiente a las autopistas radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, y a los de la R-4 Madrid-Ocaña, la R-2 Madrid-Guadalajara, la M-12 Madrid-Aeropuerto de Barajas, la AP-36 Ocaña-la Roda, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y la Circunvalación de Alicante.
