El presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), José Manuel Pazo Paniagua, se mostró ayer optimista con el futuro del sector y confió en poder triplicar el empleo actual hasta alcanzar los 10.000 trabajadores directos en 2030. Esa cifra equivale al 5% del total de empleados en Galicia, 182.000 personas al cierre de 2017. "Queremos instalar de 300 a 400 megavatios (MW) al año, que es lo que nos hace falta para que el tejido productivo y la cadena de valor puedan funcionar", reclamó el representante de la patronal eólica gallega en el transcurso de unas jornadas sobre la transición del modelo energético celebradas en A Coruña a iniciativa de los socialistas europeos.

Pazo Paniagua está convencido de que en el futuro próximo el eólico podrá recuperar los niveles de empleo de hace una década, cuando el negocio del viento llegó a ocupara a 5.600 personas de manera directa. El impulso vendrá de la mano de los 400 MW repartidos en 18 nuevos parques eólicos que están en tramitación en Galicia y que tendrán que estar terminados en poco menos de dos años, para el 31 de diciembre de 2019.

Actualmente el eólico tiene un peso del 18% en el mix energético -la combinación de fuentes que cubren el consumo eléctrico- y en 2030 aumentará al 30%, recordó el presidente de EGA. Para llegar a ese objetivo, la patronal del viento gallega pide que las administraciones pisen el acelerador y dejar atrás definitivamente la parálisis de los últimos años. La instalación de megavatios entre 2015 y 2017 fue de 65 anuales en España, frente a la media de 2.500 que mantenía el sector en el conjunto del país. En los próximos doce años el sector eólico necesita desarrollar, según aseguró, 1.200 MW anuales para todo el Estado y de ellos, un tercio, 400 MW, en Galicia. Destacó además que se trata de "un empleo de calidad", ya que es "una diversificación del sector naval".

Los ponentes coincidieron en ver la transición al modelo energético de energías limpias como una gran oportunidad para España y singularmente para Galicia, con condiciones naturales favorables para el desarrollo del sector eólico y, en menor medida, el fotovoltaico. También concordaron en la necesidad de acabar con la inseguridad jurídica y recuperar así los inversores extranjeros que salieron espantados por los vaivenes normativos que bloquearon el sector.

"Si el año pasado hubiéramos tenido una subasta de renovables homologable internacionalmente el hubiéramos visto precios de 35 euros por megavatio hora, cuando está marcando 45, y hubiéramos vacunado al sector", señaló el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso.