Es viernes, 8 de abril de 2011. La junta de accionistas de Pescanova SA aprueba las cuentas anuales y paraliza dos inversiones: la ampliación de la megafactoría de Mira (para producir 10.000 toneladas al año) y una planta de tilapia en Mozambique. Era la primera vez que el grupo pesquero contenía la euforia inversora que arrancara en 2007 y que le llevó a ganar un 60% de tamaño en solo un lustro. Todo con cargo a deuda bancaria, de la normal y, sobre todo, de la irregular. Aquel mes de abril Manuel Fernández de Sousa frenaba su arreón expansivo, pero solo de cara a los accionistas; en realidad ese año (2011) acabaría invirtiendo 201 millones. Y sin caja para asumir un esfuerzo semejante, o como el que le llevó a invertir 830 millones entre 2007 y 2012. Es fácil explicar por qué.

1 | La expansión. La "necesidad de financiación por el un intenso proceso de inversión" es la primera causa que, según el juez José de la Mata -que acaba de cerrar la instrucción del caso Pescanova-, "llevaron a la utilización de prácticas irregulares" que derivaron en el mayor concurso no inmobiliario de la historia empresarial española. Volvemos, por ejemplo, al bienio 2008-2009. La empresa generó entre ambos un flujo de caja positivo de 73 millones de euros, que es la diferencia entre cobros y pagos de explotación (facturación, electricidad, salarios, agua...) ¿Y cuánto dinero salió de la caja en ese mismo periodo para costear inversiones en inmovilizado? 416 millones, cinco veces más. Cómo se pagó y qué métodos irregulares se utilizaron es el quid del caso. Porque lo del bienio 2008-2009 es solo un ejemplo.

2 | La escapada. Teniendo en cuenta que un rodaballo tarda 900 días en alcanzar un peso óptimo para su venta, y que a a los salmónidos le hacen falta otros 18 meses, las inversiones en ambos segmentos acuícolas (389 millones en este quinquenio expansivo) no ofrecían retornos: solo comían circulante. Y esto se sumó a las restricciones de crédito tras la caída de Lehman Brothers (el concurso de Pescanova atrapó a más de 100 bancos) y la reestructuración financiera española. ¿Resultado? Lo explica el juez: "Para sortear esa situación y seguir obteniendo financiación externa algunos responsables de Pescanova SA decidieron realizar ciertas prácticas comerciales irregulares, aun a sabiendas de que con ellas inevitablemente agravaban su situación financiera y patrimonial, la cual habrían de ocultar a sus inversores, accionistas, acreedores y al organismo regulador".

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3 | El callejón sin salida. "Esta situación se fue agravando gradualmente con una deuda que crecía y unos mercados que cortaban la disponibilidad de la misma". Los métodos que encontró Pescanova para tapar el agujero que iban generando sus inversiones fueron "claramente irregulares", e hizo lo propio para "presentar una deuda financiera del grupo inferior a la real y, consecuentemente, una cifra de resultados superior a los realmente generados". En resumen: por un lado la pesquera recurrió a métodos "irregulares" para conseguir financiación que no obtenían por los canales habituales -aunque fuese a corto plazo y mucho más cara-; por otro, maquilló las cuentas para que el mercado no supiese que estaba en números rojos y poder lanzar, con el beneplácito de la auditora y la CNMV, ampliaciones de capital o emisiones de bonos.

4 | Los métodos. Los mecanismos fraudulentos con los que consiguió financiación -por los canales no habituales- fueron, según el auto del juez De la Mata, los siguientes: créditos documentarios, una red de sociedades instrumentales, el uso fraudulento de las líneas de factoring y las emisiones de deuda en Bolsa. Solo con los créditos documentarios engordó su deuda financiera en 1.857 millones de euros hasta 2012. La investigación concluye además que Pescanova utilizó 16 empresas, "utilizadas o creadas ad hoc como medio para

obtener financiación". Varias de ellas se crearon el mismo día (Pontepesca, Intermega Pesca, Pescaeje Sur y Caladeros del Norte), en 2010, y ninguna tenía empleados. Entre 2007 y 2012 Pescanova contabilizó ventas "ficticias" con estas empresas por 652 millones. En cuanto a las líneas de factoring, la simulación alcanzó un grado de inventiva. Solo entre enero de 2012 y marzo de 2013, justo antes de que Fernández de Sousa perdiese los poderes de gestión del grupo, la investigación ha contabilizado 37.783 facturas "no coincidentes" con las declaradas a la Agencia Tributaria por importe de otros 487,4 millones de euros. UBI Banca, NCG (ahora Abanca), Sabadell, Crédit Mutuel y Grupo Banco Popular fueron las entidades más afectadas por esta operativa. "Tanto el volumen de la facturación falsa, el hecho de que se enviaba copia a los superiores jerárquicos y el intercambio de correos entre ellos, evidencia que la cúpula directiva de los departamentos Financiero y de Administración tenía pleno conocimiento de esa irregularidad, y tuvo que participar en el diseño del mecanismo fraudulento".

5 | Los afectados. Hay veinte "partes acusadoras" en el proceso, entre las que solo hay un banco (Bankia). "Desde, al menos, el año 2009 hasta marzo de 2013, muchas personas y entidades adquirieron acciones confiando en la información de signo positivo proporcionada por los responsables de la sociedad en la que se ocultaba su situación de insolvencia con el fin de captar inversores". Entre ellos a los fondos Luxempart, Cartesian Capital Partners y las sociedades Iberfomento y Damm. Entre todas perdieron 121 millones de euros con su inversión en una multinacional que había dejado de contar la verdad años antes.