Los 20.000 gallegos que se jubilarán en 2019 sufrirán un recorte en sus pensiones que rondará el 1%, según las primeras estimaciones de expertos sobre el impacto del denominado "factor de sostenibilidad". Su aplicación supondrá el próximo ajuste en la generosidad del sistema público y afectará sobremanera a quienes se retiren después de 2030. Tales efectos se sumarán a los que tendrá el mecanismo de revalorización ya vigente, que en veinte años puede restar hasta un 40% de poder adquisitivo a los pensionistas.
El cambio más cercano que se vislumbra en la forma de calcular las pensiones no será la reciente sugerencia del Gobierno de ampliar voluntariamente el período de cómputo (los años de vida laboral que se toman en cuenta para determinar la prestación) ni el resto de propuestas que pueden haber discutido los partidos en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, aún sin conclusiones. El próximo ajuste está legislado y programado desde 2013 y afectará a quienes se jubilen a partir del día 1 de enero de 2019. Las nóminas de los nuevos jubilados, sean asalariados o autónomos, comenzarán a calcularse entonces utilizando el "factor de sostenibilidad", una fórmula que ajustará la pensión inicial a las variaciones de la esperanza de vida.
De manera resumida, el mecanismo se regirá por una base reguladora (cantidad que determina la pensión), que se multiplicará por un coeficiente que relacionará el cambio que experimenta la esperanza de vida que estadísticamente tienen los españoles a partir de los 67 años. Entre 2019 y 2023 se tendrá en cuenta para ello cómo haya crecido esa esperanza de vida entre 2012 y 2017, considerando los datos de la población pensionista que posee la Seguridad Social. "El objetivo principal es tratar de manera equitativa a jubilados que van a percibir prestaciones del sistema de pensiones durante un número de años muy distinto", señala un informe del Grupo de Investigación en Pensiones de la Universidad de Valencia. Esto es, se tiende a rebajar la pensión inicial de quienes tienen mayor esperanza de vida para que la suma de las prestaciones recibidas no sea muy distinta de la obtenida por aquellos que, habiéndose jubilado antes en idénticas condiciones de cotización, tienen una expectativa de longevidad menor.
En la medida en que la tendencia de esa esperanza de vida es de crecimiento, la aplicación del factor de sostenibilidad va a restar en la nómina mensual de los futuros jubilados. ¿Cuál será el alcance económico de esa rebaja? El Gobierno no ha informado sobre ello y mantiene además aparcado el compromiso incumplido de informar por carta a los mayores de 50 años sobre la pensión que tendrán en el futuro. El citado grupo de economistas valencianos y otro de la consultora Analistas Financieros Internacionales sí han realizado las primeras tentativas de medir el efectos para los nuevos pensionistas. Sus estimaciones difieren, si bien en ambos caso se apunta que para 2019 la merma de la pensión será modesta y cercana al 1% (0,72% para AFI y 0,93% para la Universidad de Valencia). Para una pensión media de jubilación (892,2 euros al mes, en el caso de Galicia) supone 9 euros menos mensuales y 107 anuales.
Mayor a largo plazo
El impacto será mayor a medio y largo plazo. Quienes se jubilen en 2030 (los que ahora están en los 50 años) tendrán un merma de entre el 5% y el 8%, según los mencionados informes. Y pueden llegar a perder hasta el 15% aquellos trabajadores que se retiren en 2045 (quienes ahora tienen 40 años).
La repercusión económica del factor de sostenibilidad se añadirá desde 2019 a la erosión que también registran las pensiones por el cambio en el procedimiento de revalorización. La subida anual de acuerdo con la inflación fue sustituida desde 2014 por el nuevo mecanismo, que hace depender la actualización de la situación financiera de la Seguridad Social y establece un incremento mínimo legal del 0,25%. Es el que sistemáticamente se ha aplicado en estos años y, salvo reforma, esa continuará siendo la subida anual a medio y largo plazo, ante la expectativa de un déficit prolongado en el sistema público. El Fondo Monetario Internacional ha estimado que, de ocurrir así y en un escenario de inflación probable, la pérdida de poder adquisitivo de una persona jubilada en 2017 será del 40% en el plazo de veinte años. Lo expertos de la Universidad de Valencia rebajan ese menoscabo al 34%
