La acusación particular en la causa que investiga la Audiencia Nacional por la quiebra del Banco Popular solicitó que se investigue la retirada de fondos de 64 instituciones y grandes empresas por valor de 4.000 millones de euros una semana antes de la compra del Santander por un euro en junio del año pasado. 1.140 millones de euros fueron retirados por la Seguridad Social, un movimiento que consideran que dio "la puntilla" a la entidad.
