Domitila Vicente se convirtió a su pesar en uno de los símbolos de la lucha de miles de gallegos atrapados por las preferentes y la deuda subordinada de las cajas en Galicia. En abril de 2015, con 82 años, acudió a los juzgados de lo contencioso-administrativo de Pontevedra por la sanción que la Subdelegación del Gobierno en la provincia le impuso por un supuesto asalto al concello de O Rosal durante una protesta. "Sufro osteoporosis y reumatismo", decía, con las manos sobre el andador que le ayudaba a caminar. El suyo y el resto de los intentos de multa, casi 20.000 euros, quedaron finalmente anuladas, como recordaba ayer Xesús Domínguez, de la coordinadora de plataformas de afectados por los polémicos híbridos de capital, durante su intervención en la comisión del Congreso de los Diputados para investigar la crisis financiera española y el rescate al sector. Domínguez volvió a hablar de Domitila y de otros casos "sangrantes" de "ahorradores que perdieron el dinero de toda una vida". "La historia de las preferentes se convierte en una gran estafa porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España permitieron y potenciaron la venta", arremetió Domínguez.

El que fue uno de los líderes de la gran protesta social organizada en Galicia para reclamar la devolución del dinero a los más de 100.000 clientes gallegos con estos productos culpabilizó de la situación también a la Xunta, "cómplice", dijo; y al Gobierno, "responsable último de que los supervisores no hagan su trabajo". Domínguez incidió en que las administraciones impulsaron las preferentes para recapitalizar las entidades "a costa de la confianza de los clientes de toda la vida.

Xesús Domínguez achacó el acelerón del arbitraje impulsado por la Xunta "a la presión social". "El día que fuimos a la Comisión Europea nos llamaron a todos los cabecillas cuando estábamos en el aeropuerto para darnos cita", rememoró, antes de reclamar la derogación de la ley que carga el coste de los rescates en los clientes.