Quince años sin apenas trabajar, pero cobrando su sueldo de la Diputación de Alicante. Esta es la situación en la que se encuentra un funcionario del centro psiquiátrico Doctor Esquerdo, que lleva desde 2003 enlazando bajas con vacaciones, según confirma el diputado de Personal, Alejandro Morant. Para cubrir su puesto, auxiliar de enfermería, la Diputación de Alicante tiene contratado a un sustituto todos estos años. Tan sorprendente situación fue abordada en una reciente Junta de Personal de la institución pública provincial.

Según explican compañeros de trabajo, representantes de sindicatos y el propio diputado de Personal, el funcionario ha actuado siguiendo un esquema que se repite periódicamente sin que la Diputación y la Seguridad Social hayan adoptado medidas al respecto, porque aseguran que el procedimiento es legal. Tras el parte de baja firmado por un médico, el funcionario agota el periodo legal de baja durante un año y medio hasta que la Seguridad Social le comunica que debe volver al trabajo puesto que no considera que esté en una situación de incapacidad. Tras incorporarse al puesto de trabajo solicita las vacaciones que no ha disfrutado por estar de baja por enfermedad y cuando las agota, presenta otra baja.

El caso es objeto de comentario constante entre los funcionarios de la Diputación hasta el punto de que los sindicatos del organismo provincial abordaron la situación en el transcurso de una reunión de personal antes de las vacaciones de Navidad. Al ser preguntados, se muestran reacios a entrar en valoraciones al considerar que no se está cometiendo ninguna ilegalidad. "Es un 'bajista' de profesión, un absentista patológico que se ha ido buscando la vida para estar siempre de baja y todas las instituciones que han intervenido en este caso han ido cumpliendo con la legalidad", ha indicado a este diario un representante sindical que rechaza ser identificado públicamente.

"Una sinvergonzonería"

Por su parte, el diputado de Personal, Alejandro Morant, afirma sentir vergüenza por la situación de este funcionario al que la Diputación ha estado pagando el sueldo durante todos estos años. "Es una sinvergonzonería que no se puede admitir", señala Morant, quien culpa de la misma al Instituto Nacional de la Seguridad Social. "Si no es apto para trabajar, que le den una incapacidad, pero como la Seguridad Social no paga el sueldo, que lo hace la Diputación, se desentienden", lamenta Morant, quien asegura que la Diputación ha tratado de expedientar y despedir a este funcionario con escasos resultados. "Le llegamos a abrir un expediente porque tras una de las bajas no se incorporó el día que debía hacerlo, pero nos ganó el juicio porque demostró que la Seguridad Social no se lo había comunicado correctamente".

Morant también asegura que han tratado de ir contra el médico que ha firmado buena parte de las bajas, pero que no lo han logrado. "Me da vergüenza saber que esto ocurre en una institución pública", afirma el diputado, quien dice estar estupefacto, tras tener conocimiento, a través de trabajadores de la Diputación, de la gran actividad de ocio que el funcionario exhibe en una conocida red social durante sus periodos de baja laboral.

Por su parte, el funcionario, a preguntas de este diario, justifica su situación en "muchas pequeñas cosas que al final se juntan y me impiden trabajar". Critica que la Seguridad Social le niegue la incapacidad permanente y lamenta que le obliguen a trabajar seis meses entre baja y baja. "Eso es muy duro porque yo no quiero trabajar para la Diputación", asevera.

El hombre rechaza que encadene bajas y vacaciones. A partir de 2011, y a raíz de un cambio normativo, se le obliga a trabajar entre baja y baja seis meses. Sin embargo, según sus compañeros, tras incorporarse después de su última baja, se ha declarado incapaz de desarrollar sus funciones en el centro, por lo que le permiten que únicamente se presente media hora los jueves ante la unidad de Salud Laboral de Diputación y después se marche a su casa.

Se da la circunstancia de que no hay ninguna mutua que controle sus bajas. En 1991 se firmó un acuerdo en Diputación por el que los funcionarios que habían obtenido su plaza con anterioridad a ese año quedaban exentos del control de las mutuas en caso de enfermedad. Es por esto que es la Seguridad Social la que le controla y la Diputación la que paga.