A José Luis Méndez le persiguieron los escándalos, antes incluso de que abandonara la primera línea del sector financiero. Los rumores sobre la quiebra de la entidad se dispararon ante la clara caída en picado del negocio de la entidad, que intentó salvar un simbólico beneficio de 22,5 millones hasta septiembre de 2010, a las puertas de la fusión con Caixanova, gracias a las plusvalías por la venta de su participación en la petrolera Galp. La decisión de la Audiencia Nacional de imputar al que fue su director general y otros miembros de la cúpula por un préstamo a una constructora almeriense no despeja las dudas, sin embargo, sobre otras operaciones fallidas, más cuantiosas, que llegaron a estar en el foco de Anticorrupción o en denuncias públicas.
| Los más de 300 millones de Astroc. La investigación alrededor de los 15 millones de euros concedidos a Cueva Mar es una de las operaciones entregadas por el FROB a la Fiscalía tras los forensic realizados a las entidades nacionalizadas. Un rastreo de posibles irregularidades que hace malabarismos con un posible conflictos de interés. ¿Quién se encargó de la búsqueda en NCG? Pues el que fue el responsable de Riesgos de Caixa Galicia y la auditora que también se encargó de revisar sus cuentas, PricewaterhouseCoopers (PwC). Es decir, los que en su momento avalaron que todo estaba bien en la entidad.
Entre esas operaciones enviadas a Anticorrupción se supo en noviembre de 2014 que también estaban una docena de créditos de Caixa Galicia a Astroc, paradigma del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España. La caja manejó el 5% del capital de la compañía y ejecutó varios movimientos de venta y compra de títulos que, junto con los préstamos, podrían haber supuesto un quebranto de 300 millones de euros. No se ha vuelto a saber nada de la investigación. Son operaciones de 2006, así que existe un riesgo de que puedan estar prescritas y que, por lo tanto, cualquier ilegalidad quede indemne.
| La millonaria prejubilación. Aunque solo se enjuiciaron las indemnizaciones recibidas por tres de los antiguos altos cargos de Caixanova a su salida de la entidad, José Luis Méndez -que cobraba 2,5 millones anuales- se embolsó una suculenta prejubilación. Se llevó 18 millones de euros. Y no fueron más porque el Banco de España le puso coto a su blindaje ante el desastre de su gestión. No solo eso. Como confirmó luego el que fue presidente de NCG, José María Castellano, Méndez conservó chófer, secretaria, despacho y hasta teléfono e internet durante mucho tiempo después de marcharse y los ingresos derivados de su asistencia a los consejos en las participadas en las que se mantuvo como representante.
| El rascacielos de la ruina. Caixa Galicia estuvo en el corazón de otro de los símbolos de la burbuja del ladrillo, de "la metáfora de la locura", como lo definió el periódico británico The Guardian. La entidad entregó 93 millones para la construcción del rascacielos InTempo, en Benidorm, pendiente todavía de acabar. Fue uno de los activos que pasaron a la cartera de la Sareb, que se deshizo del préstamo a finales del pasado año tras su venta al fondo de inversión SVP Global.
| El acuerdo secreto con Añón. En diciembre de 2011 un laudo arbitral obligó a Novacaixagalicia a devolver a Manuel Añón 75 millones de euros. El conocido empresario gallego había invertido 100 millones en acciones de la corporación industrial de Caixa Galicia en 2017, correspondientes al 5,57% del capital. A pesar del deterioro evidente del valor, no quedó otro remedio que efectuar la devolución porque Añón tenía en su poder un contrato firmado con los Méndez para blindar el importe.
| Las "rebajas" en la compra de inmuebles. La CIG y el BNG dieron a conocer en septiembre de 2014 los contratos ante notario, copias de tasaciones y de cheques de tres compras realizadas por la mujer de José Luis Méndez de inmuebles y locales de Caixa Galicia a precios muy beneficiosos por un total de 1,5 millones de euros. Las adquisiciones se ejecutaron a finales de 2009, cuando la entidad estaba diagnosticada ya como "inviable" por parte del Banco de España. La familia Méndez se defendió diciendo que esas oportunidades estaban abiertas a toda la plantilla. Que las compras pasaron por el consejo de administración y se notificaron a la Xunta. La Consellería de Facenda lo negó.
