Los trabajadores autónomos esperaban la llegada de enero para ver colmadas buena parte de sus reivindicaciones históricas. A partir de este mes entra en vigor la reducción de los recargos por retraso en el pago de las cuotas y sobre todo, la ampliación de la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos hasta 12 meses. Un importante estímulo para el sector al que se aferraban las asociaciones para prever el mejor arranque de año de toda la serie histórica en materia de afiliación.
Sin embargo, en esta semana de estreno de medidas, los teléfonos de atención de asociaciones como la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) se abarrotan de llamadas de autónomos que advierten de que el criterio seguido por cada una de las delegaciones de la Seguridad Social dista de lo que recoge la reforma que acaba de entrar en vigor. Y no solo eso, sino que, a su vez, no hay uniformidad en el criterio de las delegaciones hasta el punto de que un autónomo puede recibir distinta respuesta según se dirija a otra u otra oficina de su provincia de residencia.
Avalancha de cambios
En concreto, el origen de las discrepancias se centra en torno a dos medidas de la avalancha que acaba de entrar en vigor el pasado día 1 de enero.
Por un lado está el número de años que debe llevar el autónomo sin darse de alta en el régimen para poder acceder a la tarifa plana de 50 euros, que reduce hasta este importe la cuota que se abona mensualmente a la Seguridad Social. La nueva ley exige que el beneficiario no haya estado dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en los últimos dos años, frente al más exigente mínimo de cinco que se establecía antes.
Ante la oleada de cambios introducidos este mes de enero, los autónomos denuncian que la barrera de los dos años se difumina ante las peticiones a las delegaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Otro caso semejante ocurre sobre si el autónomo tiene derecho a reengancharse a la tarifa plana después de haberse dado de baja del RETA y, sobre todo, cuál será su periodo de aplicación.
Desde UPTA critican que esta disparidad de criterios "podría estar creando inseguridad jurídica en muchos beneficiarios del sistema" y ralentizando el ritmo de creación de empleo en el colectivo, aunque consideran menos negativo el hecho de que "la interpretación que se está haciendo desde los propios Servicios de Empleo es más favorable para el trabajador".
