La Junta de Andalucía comunicó este viernes, a través de su consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que empezará a computar a partir de ahora el trabajo que realizan sus 270.000 funcionarios en casa como carga dentro del horario laboral. Este es el mecanismo que se ha encontrado para dejar sin efectos prácticos la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que se conoció a primera hora de la mañana, y que anula la jornada laboral de 35 horas de los empleados públicos en Andalucía. Entienden los jueces que su aplicación, vigente desde el pasado mes de enero, vulnera las normas dictadas por el Estado.

Una lectura que implica, a su vez, la asunción de que el Gobierno de Susana Díaz se habría excedido en sus competencias, menoscabando la autoridad para regular el régimen jurídico de las administraciones públicas. Esta sentencia del alto tribunal afecta también a la enseñanza, ya que anula, a su vez, la jornada de las 18 horas lectivas para docentes. Sólo se excluye el profesorado de Educación Infantil y Primaria.

En el conjunto de Andalucía, el número de trabajadores públicos afectados asciende a 270.000. El dictamen se hizo público a primera hora, dando así por bueno el recurso que presentó el Gobierno central. La decisión, a juzgar por las palabras de Montero, no pilló por sorpresa a la Junta. A primera hora de la tarde, la consejera de Hacienda compareció para valorar la sentencia y detallar las medidas que adoptará la Junta para dejarla sin consecuencias a efectos prácticos.

Según Montero, la computación del trabajo doméstico es una demanda histórica de los trabajadores, y ahora se utilizará para llegar hasta las 37,5 horas que mandata la ley estatal. Montero quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores públicos, asegurando que el Gobierno andaluz "no va a modificar la jornada presencial de los empleados públicos". "Las plantillas, los horarios y las personas que se contrataron con motivo de la modificación de la jornada van a permanecer", sentenció.

Para este lunes, Montero tiene pensado reunirse con los sindicatos y abordar este acuerdo. El martes, se aprobará en el Consejo de Gobierno para hacerse efectivo. Sobre la cobertura legal de esta medida, Montero declaró que no cree que habrá problema alguno, recordando que "la organización de la jornada es competencia plena y exclusiva de la Junta".

Valoración política

La mandataria de la Junta arremetió contra el Gobierno de Mariano Rajoy, al considerar que desde Madrid se le estén negando derechos "conquistados por los empleados públicos en la negociación colectiva". También lamentó que no hayan servido de nada las posturas de los políticos del PP en Andalucía. Señaló, en este sentido, al presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, así como al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. Ambos se habían comprometido con los sindicatos a defender la jornada laboral de 35 horas.

La secretaria general del PP-A, Dolores López, buscó las culpas de este varapalo jurídico en la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Así, precisó que la sentencia del TC es algo que se veía venir, al fallar las formas en el desarrollo de la norma. También le afeó a Díaz su "falta de diálogo" y lamentó que use a los funcionarios como "arma arrojadiza política".

Por su parte, el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, arremetió contra el Gobierno central. "La anulación del decreto de las 35 horas es una muy mala noticia. Es lamentable que el PP no haya levantado el recurso que presentó", manifestó.