Banco Santander y sindicatos han llegado a un principio de acuerdo para las salidas contempladas en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) tras la absorción del Popular. La entidad que preside Ana Botín ha accedido finalmente a rebajar hasta 1.100 el número de empleados afectados, entre prejubilaciones y bajas incentivadas. Esto supone una reducción superior al 30% que contemplaba el ERE en la fase inicial de las negociaciones, aunque ahora habrá que esperar hasta el próximo martes para la firma del acuerdo definitivo.
Según explicó Javier Castro, responsable del sector financiero en UGT-Galicia, la mayoría de las mesas sindicales presentes en el proceso accedieron a un preacuerdo. "Ahora cada uno lo someterá a estudio con sus asambleas", explicó. A la cifra de 1.100 la afectación hay que sumar también los 575 que serán recolocados en otras empresas de la corporación Santander y el acoplamiento de 100 trabajadores en la red comercial de ambas entidades.
En esta primera fase, centrada en los servicios centrales y las unidades de apoyo territoriales, se acordaron una serie de condiciones para aquellos que acepten el ERE de forma voluntaria en función de los años de los trabajadores. Así, permite prejubilaciones a partir de 55 años con el 80% del sueldo, mediante renta mensual y con aportaciones al plan de pensiones siempre que se cuente con una antigüedad de al menos 15 años.
Para los mayores de 50 años con más de 15 de antigüedad, las salidas se producirán con una indemnización también del 80% del sueldo por ocho años, hasta un máximo de 380.000 euros, igualmente con 2.000 euros por trienio de antigüedad y una prima adicional que va entre 19.000 y 30.000 en función de los años dedicados al grupo. Si no se cumplen las condiciones de antigüedad mínima, la indemnización será de 40 días por año de servicio con un máximo de dos anualidades, con 2.000 euros más por trienio y primas de entre 4.000 y 30.000 euros según la antigüedad.
Desde CC OO apuntaron que su "acción sindical" resultó "determinante" para alcanzar este acuerdo. "Reúne los equilibrios suficientes para minimizar los efectos de unas reformas laborales muy lesivas para las plantillas", apuntillaron desde el sindicato.
Galicia
Sobre la afectación que tendrá este nuevo acuerdo en Galicia, los sindicatos explican que habrá que esperar para ver cuánta gente decide adherirse al plan. "Si no se llega al cupo habrá una segunda fase, que ya serán forzados", indicó Javier Castro. Según la información aportada por el banco a comienzos de noviembre, en la comunidad trabajan alrededor de 170 personas.
Entre ellos están, como ya explicó FARO entonces, los 157 efectivos que integran las oficinas de la calle Orillamar, en A Coruña, los tres de prevención de riesgos laborales y otros tantos de auditoría que se ubican en la antigua sede central del Pastor en la misma ciudad, así como la plantilla de una de las tres oficinas, la de Santiago, creadas hace año y medio para la gestión de activos inmobiliarios e impagados.
