15 de noviembre de 2017
15.11.2017

La AIReF asegura que la renta mínima reduciría la pobreza, pero costaría hasta 15.000 millones

La ley elevaría entre medio punto y un punto el déficit - Escrivá insta a políticas "muy redistributivas" en sectores como la vivienda

15.11.2017 | 02:25
José Luis Escrivá. // J. J. Guillén

El potencial de la ley de ingresos mínimos para redistribuir la riqueza y reducir los niveles de pobreza es "muy significativo", según el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), pero la medida podría aumentar el déficit entre medio punto y un punto. "Nos sacaría fuera de la consolidación fiscal", advierte José Luis Escrivá, que cifra el coste en un máximo de 15.000 millones de euros.

"Es una medida de gran calado, con un potencial redistributivo muy significativo, y un gasto fiscal relevante", resumía ayer el máximo responsable del organismo que controla las cuentas públicas españolas, durante su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso para dar su opinión sobre esta proposición de ley que tramita la Cámara Baja.

Escrivá avisa de que los costes que tendría esta prestación podrían suponer una elevación del déficit público entre medio punto y un punto del PIB, y que las perspectivas de la AIReF para España, aun sin esta norma, pasan por una estabilización del déficit público en torno al 2%, que estructuralmente alcanzaría el 2,5%. "Nos llevaría fuera del 3% (de déficit público) y nos sacaría fuera de la consolidación fiscal", detalla. La Administración Central y la Seguridad Social no solo concentran gran parte de ese déficit, sino que incluso lo elevan, ya que la suma de las administraciones autonómicas y locales contabilizaría un superávit de en torno del 1%.

En su análisis sobre la proposición de ley, Escrivá cuantifica el coste de esta medida entre 6.000 y 13.000 millones de euros, aunque se elevaría a un umbral de entre 7.000 y 15.000 millones si se incluye el complemento por menor o persona dependiente a cargo. Las diferentes enmiendas podrían elevarla hasta 10.000 millones más -hasta 1.800 millones si no se requiere estancia previa, o hasta 8.000 millones si se eleva su cuantía hasta el 250% del salario mínimo- o incluso reducirla en 1.300 millones si el umbral para acceder a la prestación se fija en 26 años.

Respecto a las potenciales personas beneficiarias, el presidente de la AIReF echó mano de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para remarcar que hay casi 3 millones de personas que, entre 18 y 65 años, manifestaron no haber trabajado en los últimos 12 meses, aunque en función de la renta podrían situarse entre 1,9 y 2,2 millones de personas. En una comparativa con los países del entorno europeo, Escrivá señaló que si el gasto en protección social ronda el 1,7% del PIB -un 1% en las prestaciones contributivas y un 0,6% las que no-, en Europa este gasto oscila entre el 0,8% o países, sobre todo en el norte del continente, donde alcanza el 2%.

Escrivá incidió, sin embargo, en cuidar la calidad del diseño y la prestación, más que la cantidad presupuestada, y asegurar que permita que la prestación llegue al que más necesite. "A veces, gastando menos se puede redistribuir más", dice, con "una política muy redistributiva" para sectores poblacionales o sociales muy concretos, como el de la vivienda.

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