En su camino por llegar a la Casa Blanca, Donald Trump centró sus acusaciones sobre México. El país era la puerta de entrada de inmigración ilegal a Estados Unidos y responsable de la fuga de la industria de la primera economía del mundo. Las soluciones, aún sin aplicar, eran la construcción de un muro que separase ambos países y la imposición de fuertes aranceles para impedir más deslocalizaciones. El primer caso al que tuvo que hacer frente el presidente de Estados Unidos fue el de Toyota, que pretendía ampliar sus instalaciones en Baja California (México), a la que Trump amenazó con "enfrentarse a grandes aranceles". Nueve meses después, la compañía ha dado marcha atrás y ahora planea instalar su nueva planta en suelo americano. Pero no a cualquier precio.

La alianza entre Toyota y Mazda planea una inversión de 1.600 millones de dólares (unos 1.350 millones de euros al cambio actual), de los cuales los fabricantes japoneses se harían cargo de una tercera parte. Como contrapartida por los 4.000 empleos que prevén que permita generar su actividad, y sus efectos en la recaudación tributaria la compañía ha abierto una subasta para que los Estados interesados pujen por acoger esta planta. La intención de Toyota es obtener unos incentivos fiscales de al menos 1.000 millones de dólares (850 millones de euros). La lista de interesados alcanza ya la docena según la agencia Bloomberg. Entre ellos Ohio, Texas o la cara más visible de la deslocalización de la automoción: Michigan.

Este tipo de bonificaciones fiscales no son desconocidas a ese lado del Atlántico. En agosto fue Wisconsin quién concedió 3.000 millones de dólares en incentivos a la aliada de Apple, Foxconn, para que se instalara allí. Hace tres años la agraciada fue Tesla. La compañía considerada pionera en el desarrollo del coche eléctrico obtuvo 1.300 millones de Nevada por instalar allí su gigafctoría, el centro del que salen las baterías de iones de litio que abastecen su flota de vehículos.