A la espera de que el Ministerio de Energía publique la orden con la que quiere forzar a las comunidades a comunicarle todos los datos sobre los impuestos que aplican al sector energético para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a repercutirlos en el recibo del consumidor, la Xunta tiene el mandato de hacer frente a los polémicos suplementos territoriales. Así se lo encargó ayer el Parlamento, tras aprobar por unanimidad una iniciativa del PSdeG que insta al Gobierno gallego a "oponerse con rotundidad a que los impuestos ambientales establecidos por la propia Administración autonómica se incluyan en los suplementos territoriales y tengan por lo tanto que ser abonados por los consumidores gallegos".

La Consellería de Economía, Emprego e Industria ya avanzó hace unos meses su disposición a llevar a los tribunales la norma. Aunque en un principio el Ejecutivo regional defendía que el encarecimiento de la luz por causa de la fiscalidad sobre las renovables no le afectaba, desde el Ministerio de Industria insisten en que la comunidad es una de las obligadas a suministrar la información sobre la recaudación de sus impuestos propios y la parte que se cobra a las empresas del sector.

Ante la reiterada negativa de la Xunta y algunas otras regiones a entregar esos datos, el departamento que dirige Álvaro Nadal se vio obligado a preparar una orden para imponérselo o, alternativamente, conseguir los números directamente a través de las compañías que desembolsan los impuestos. El borrador, como avanzó FARO, recoge cuatro tributos de Galicia: canon eólico, hidroeléctrico, el de saneamiento y el impuesto de contaminación atmosférica. Todo apunta a que la cuota para los consumidores gallegos será una de las más cuantiosas de todas.

La polémica viene de lejos. En la ley de medidas de 2013 para aplacar el défitit convirtió en obligatorios los suplementos territoriales, hasta ese momento opcionales. Pero no se aplicaron. Las firmas energéticas recurrieron en el Supremo, que reconoció que el Gobierno debía haberlos activado durante el tiempo en que estuvieron vigentes. A finales del pasado año, el Supremo tiró de las orejas a Energía por el retraso y, de hecho, el plazo máximo recogido en la sentencia está muy superado.

"Es intolerable que pague quien sufre los efectos de la producción de energía", apeló ayer el diputado socialista Abel Losada, encargado de la iniciativa del PSdeG aprobada. Los populares solicitaron que el texto cambiara el concepto de "impuestos energéticos" por el de "medioambientales" para respaldar la iniciativa. A pesar de que figuras que caen sobre el sector, la diputada Marta Novoa insiste en que no se grava la actividad eléctrica.