El sector minero confía que la Ley de Fomento de la Implantación de Iniactivas Empresariales de la Xunta dé un empujón al sector y permita elevar su contribución a la economía gallega con 800 nuevos empleos directos. La plana mayor de la minería gallega ofreció ayer una rueda de prensa conjunta en la sede de la Confederación de Empresarios de Ourense para poner en valor la contribución del sector a la economía gallega y a respaldar la aprobación de la ley que impulsa la Xunta
"Creemos que la nueva ley afectará positivamente a las pymes galegas da minería, promoverá nuevas inversiones y agilizará los procedimientos administrativos de otorgamiento y concesión de los derechos mineros", resaltó la vicepresidenta del Clúster del Granito, Mónica Rodríguez.
En concreto, esta ley que encara el tramo final para su aprobación y entrada en vigor tras cerrarse el plazo de enmiendas en el Parlamento gallego, modificará aspectos de la actual Ley de Ordenación de la Minería de Galicia. A la agilización de los trámites para la implantación y el cese de actividades se unirán los procedimientos de expropiación forzosa para derechos mineros considerados de utilidad pública. Además, también regula la salida a concurso de manera individual de aquellos derechos mineros que ya hayan caducado.
El sector considera esta batería de medidas, criticada por sindicatos y organizaciones medioambientales, como necesarias para consolidar los proyectos mineros ya existentes y atraer nuevos para, de este modo, sumar nuevos empleos directos. "Calculamos que se puede generar un crecimiento del 23% en nuestro ámbito de actividad", subrayó el vicepresidente de la Asociación Gallega de Áridos, Alberto Novoa, quien puso cifras a este empujón que podría recibir el sector: 800 nuevos empleos directos, que se añadirían a los 5.000 ya existentes, y 156 millones de euros de aportación al Producto Interior Bruto de Galicia.
Novoa puso en valor que la Ley de Fomento de la Implantación Empresarial "no suprime ninguno de los informes o autorizaciones que se requieren con la actual legislación", pero que la agilización de los trámites administrativos permitirán reducir el periodo medio de tramitación para la implantación de industrias por debajo de los cinco años actuales.
